Texcaltitlán y el sur mexiquense, foco rojo preelectoral
Los acontecimientos violentos del pasado 8 de diciembre, han revelado una situación insostenible para la población de muchos lugares del Estado de México: el control de la vida económica y social de esas regiones por parte del crimen organizado, especialmente en el sur de la entidad.
Pero su influencia no solo se limita a esos ámbitos. Los grupos delictivos también han penetrado las estructuras políticas de esa región, con el fin de buscar protección a sus actividades ilícitas. En este sentido, se han convertido en un actor político más.
Los grupos delictivos vigilan todo en el sur del estado, incluso las actividades electorales. Desde hace varios años su empoderamiento ha sido tal, que prácticamente hay que pedirles permiso para que el IEEM pueda realizar sus tareas sustantivas en esa región.
Se han dado casos en donde han impedido actividades de perifoneo y otras tareas organizativas. Incluso en las elecciones de 2015 una colaboradora de este autor recibió amenazas por hacer su trabajo de vigilancia de las actividades de las juntas electorales.
Al día siguiente esa persona le comunicó al consejero que los delincuentes tenían fotos de su camioneta oficial y el número de placas. También le mandaron decir que tuviera cuidado, porque la estarían vigilando. Ella renunció ese mismo día por temor a represalias del crimen organizado. A pesar de los riesgos, el consejero siguió vigilando directamente esa región. En su momento, tuvo la oportunidad de reprocharle al secretario general de gobierno, José Manzur, el abandono en que tenía a los habitantes sureños; indefensos ante los grupos delictivos.
No fue el único indicador de la injerencia del crimen organizado en las actividades de organización electoral. Como producto de la vigilancia presencial, en esa región del estado, se descubrió que uno de los empleados del IEEM, precisamente en Texcaltitlán, tenía nexos con el crimen organizado; que incluso se reunían en las instalaciones de esa Junta Municipal.
La orden fue terminante: despedirlo para evitar cualquier duda sobre la institución electoral. También se recomendó hacer una revisión de los antecedentes de todo el personal de esa región, para evitar infiltrados.
Como medida precautoria, en ese entonces se decidió rotular los vehículos del IEEM y dotar de chalecos institucionales al personal de esa región, para evitar extorsiones de parte de los criminales. A pesar de eso, al menos hubo intentos de ese tipo y “visitas” de los delincuentes a las instalaciones de las juntas distritales, por ejemplo, en Zacualpan. En todo momento se pidió protección al gobierno estatal, porque los ayuntamientos estaban controlados por los criminales, a quienes incluso les cobraban una renta mensual, por ejemplo, en Temascaltepec.
Ese es el escenario que enfrentan el INE y el IEEM, previo a los comicios de 2024. Texcaltitlán y todo el sur del estado serán un foco rojo electoral, porque el crimen organizado ya permeó las estructuras económicas, sociales y políticas regionales, de forma generalizada. Los gobiernos priistas, hasta Del Mazo Maza, fueron excesivamente tolerantes (o cómplices) con esos criminales.
Permitieron que se empoderaran de tal manera, que esos municipios se han convertido en sus feudos. El reto para el nuevo gobierno y las autoridades comiciales es impedir que esos grupos interfieran más. Las elecciones deben ser organizadas sin la injerencia de grupos delictivos o de cualquier otro poder fáctico.
DB
