Tiempos de campañas ¿Y gobernar cuándo?

La vieja cultura priista de pasar por encima de las leyes electorales, cuando ha sido conveniente a sus intereses, sigue siendo una constante, aunque ya no es patrimonio exclusivo del PRI.

Después de tantos años de ese partido en el poder, con el tiempo, otros partidos formalmente de oposición adoptaron también las mismas prácticas del PRI. 

Algunos porque sus integrantes militaron en ese partido; otros porque con tantos años de convivencia con priistas, en los espacios públicos y privados, han terminado por imitarlos e incluso superarlos.

Eso es lo que se puede apreciar en el momento actual.

A pesar de que las campañas electorales comenzarán en abril de 2023, varios de los partidos que contenderán por la gubernatura del Estado de México ya definieron sus candidaturas.

Morena, el más visible aspirante al cargo, actualmente en manos del PRI, ya dejó claro que será nuevamente Delfina Gómez la candidata.

El PAN ya destapó a Enrique Vargas.

El PRD a Omar Ortega y Movimiento Ciudadano a Juan Zepeda.

Curiosamente, el PRI no ha dado un solo nombre, aunque el proselitismo de Alejandra del Moral, con recursos públicos, es evidente.

Por estos acontecimientos, en la entidad se viven de hecho campañas adelantadas, ante la pasividad, impotencia o complicidad de las autoridades electorales, especialmente del IEEM, quien de facto también inició el proceso comicial, al integrar comisiones permanentes de forma ilegal.

Este conjunto de acciones revela que existe una cultura de la ilegalidad, en donde valen más las frases como “el que pega primero pega dos veces” que el respeto a la ley.

Los partidos parecen convencidos de que observar los tiempos marcados en la ley electoral los pondría en desventaja frente a sus opositores.

Por eso no han dudado en realizar diversas acciones orientadas a lograr una posición privilegiada frente al electorado, aunque esto signifique violar normas que han jurado cumplir.

La pregunta es si tales hechos son saludables para la vida pública de la entidad o solo la meten en una dinámica constante de lucha por el poder que impide atender problemas graves como inseguridad, pobreza y corrupción, para mejorar las condiciones de vida de los gobernados.

El problema de vivir estas campañas adelantadas es que quienes participan en ellas obviamente gastan muchos recursos, que generalmente salen de los presupuestos públicos o de bolsillos privados que después exigen el pago de las facturas correspondientes, por el apoyo financiero recibido, en forma de cargos públicos o de lucrativos negocios privados, casi siempre al margen de la legalidad existente.

Esta tendencia de los partidos a concentrarse en la lucha por el poder como un fin, y no como un medio para lograr el bienestar colectivo, ha impedido que los gobernantes cumplan con sus promesas de campaña.

Ha sido una constante histórica que todavía no terminan un encargo y ya están pensando en el otro, obviamente descuidando el primero, con las consecuencias que esto tiene para la colectividad.

A pesar de que el código electoral señala claramente los tiempos electorales, las instituciones, partidos y contendientes no se ven interesados en cumplirlos.

Otra vez la ley es letra muerta.

Se viven campañas adelantadas que saturan a la ciudadanía con nombres e imágenes que muchos no recordarán, porque su atención está en arreglar sus problemas más urgentes.

Esos que los políticos no les resuelven por andar siempre detrás del poder y no del beneficio social.

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