Víctimas de ataques con ácido establecen alianza 

La fundación Carmen Sánchez documentó que en 2022 se registraron 105 ataques con ácido a mujeres en México, por lo que en un esfuerzo por visibilizar, prevenir y tipificar para víctimas de ataques con ácido como el feminicidio en grado de tentativa, estableció una alianza con la Fundación Natalia Ponce de León de Colombia, ambas creadas por sobrevivientes de ese tipo de violencia.

En 2014 la ex pareja sentimental de Carmen le arrojó ácido en el rostro y cuerpo en el municipio de Ixtapaluca; ese mismo año, Natalia fue atacada de la misma forma en Colombia por un pretendiente. Desde entonces cada una inició una lucha para lograr justicia.

Y como decenas de mujeres en ambos países las dos han sido sometidas a decenas de cirugías, 40 en el caso de Natalia y más de 60 en el caso de Carmen, pero hay otras víctimas que llevan más de 200 intervenciones quirúrgicas.

Esta alianza tiene como objetivo alentar la denuncia, acompañar y apoyar a víctimas de ataques con ácido y que se legisle para sancionar de forma ejemplar este tipo de delitos.

Víctimas de ataques con ácido establecen alianza 

«Con la sentencia histórica que se logró el pasado 11 de mayo en contra de mi agresor Efrén García Ramírez, la Fiscalía del Estado de México demostró que sí se puede castigar de manera ejemplar estos crímenes y que los 46 años que se le dictaron también se le pueden dictar a cualquier otra persona que intente asesinar a una mujer con ácido».

A diferencia de Carmen otras víctimas como Martha Ávila sólo han logrado sentencias mínimas para sus victimarios.

«Es tal el grado de impunidad a la que tienen acceso los agresores de este tipo, a mi agresor le corresponden por lo menos 23 años de prisión según la ley, pero la misma ley les brinda la oportunidad, y es un privilegio para ellos, de que si se apegan a una enmienda en la cual primero reconocen que son culpables y segundo se comprometen con la ley a asumir los costos de tantos tratamientos con eso se reduce en una tercera parte su condena», relató Martha.

Su expareja y agresor se declaró culpable y aunque se comprometió a pagar gastos de tratamientos médicos y psicológicos, posteriormente se declaró insolvente, pese a ello obtuvo la rebaja en sus sentencia y purga una condena de 8 años, de los cuales ya pasado seis en prisión y en dos años más saldrá en libertad, mientras que Martha continúa batallando  en su recuperación.

Otro aspecto que buscan atender estos colectivos es la inclusión social y laboral, pues las sobrevivientes de este tipo de violencia también enfrentan prejuicios y discriminación laboral.

«Yo he batallado bastante para poder conseguir un empleo precisamente por el estigma que cargamos en la sociedad», aseveró María López, cuyo caso fue el primero que se registró como ataque con sustancias químicas en el país y en América Latina en 1988.

Por si fuera poco el daño trasciende a lo económico, pues las víctimas requieren una atención médica y psicológica de por vida.

En Colombia, Natalia es un referente nacional ya que  luego de sufrir quemaduras en el rostro y gran parte de su cuerpo con ácido, inició un activismo social que derivó en la creación de una ley para tipificar este delito y establecer sanciones que van de 40 a 50 años de prisión, además de la aprobación de un decreto para garantizar la atención médica especializada a las víctimas por parte del Estado de forma gratuita.

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Caso de Carmen es emblemático

Con este antecedente ambas fundaciones tienen el objetivo de lograr la prevención de esta clase de violencia desde los hogares, así como la aprobación de leyes que permitan erradicarla.

En México el caso de Carmen es emblemático ya que después de 9 años de lucha consiguió que el Poder Judicial del Estado de México, a través de un Juez adscrito al Distrito de Chalco, impusiera una sentencia de 46 años y 8 meses de prisión a su agresor, por el delito de feminicidio en grado de tentativa, la sentencia más alta en toda América latina.

Las agresiones con agentes químicos, son consideradas de las más crueles y atroces que se puedan infringir a una persona, ya que no sólo destruyen piel, músculos, órganos y hasta los huesos, sino que destruye proyectos de vida y el entorno social de la víctima.

TAR