Violencia política, amenaza a la incipiente democracia
En México, la violencia se ha convertido en un arma del crimen organizado para influir en la vida política nacional, estatal y municipal. Según Data Cívica y el CIDE, de 2018 a lo que va de 2024 se han dado 1,649 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que actúan en el ámbito político o gubernamental, o contra instalaciones de gobierno o partidos. Ambas instituciones informan periódicamente sobre este grave fenómeno, que en cada elección amenaza a la débil democracia mexicana.
En su último reporte mensual, llamado “Votar entre balas: entendiendo la violencia político criminal en México”, de diciembre de 2023, esas instituciones revelan que de enero de 2018 a diciembre de 2023 fueron asesinados 105 candidatos, precandidatos y excandidatos. Guerrero es el estado con más víctimas: 16 en esos cinco años. También es el que tiene más eventos de este tipo en 2023: 91 de los 574 ocurridos en todo el país; Michoacán ocupa el quinto lugar, con 38, y el Estado de México el lugar 17, con nueve. Hasta el momento, 2023 es el año que ha registrado la mayor cantidad de eventos de violencia político-criminal.
Según ese mismo reporte, enero de 2024 ya es el más mortal para los candidatos durante los últimos cinco años. En los primeros días de enero hubo cinco víctimas más: tres precandidatos y una aspirante a cargos municipales, así como a una precandidata a senadora. Todo esto viene a colación porque ya se anunció un programa de protección federal a quienes tengan una candidatura a un puesto de elección popular durante el actual proceso electoral, lo cual es un reconocimiento de la gravedad de la inseguridad en algunos estados, entre ellos dos vecinos mexiquenses: Guerrero y Michoacán.
También viene a colación porque, si bien el Estado de México no es una de las entidades con el más grave problemas de violencia, tampoco es ajeno a ella, como aseguró hace poco la consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido, a pesar de que ella colaboró en ese proyecto dentro del CIDE. Para confirmar el clima de violencia existente, basta con señalar que apenas el 11 de febrero fue asesinado un aspirante a diputado federal en Ecatepec, aunque todavía no se puede afirmar que las razones fueran políticas.
Con estos datos recientes, y la experiencia de otros comicios en que han ocurrido hechos de este tipo, queda claro que la violencia política es una amenaza real en el actual proceso electoral. Todas las autoridades que intervienen en la organización del proceso comicial, antes, durante y después de la jornada electoral, deben coordinarse con quien sea necesario para garantizar la seguridad de quienes ostenten las candidaturas a cargos de elección popular. Todos los órganos del Estado deben evitar que el crimen organizado incida en las elecciones, alterando su curso normal. Solo así podrá resolverse este grave problema, no tratando de ocultarlo.
Si como lo señala el reporte, “no existe la democracia donde impera el miedo”, entonces las autoridades mexiquenses tienen la enorme responsabilidad de que la competencia política ocurra en condiciones pacíficas. Es indispensable que en la contienda electoral se tengan garantías de seguridad para transitar, reunirse y expresarse libremente, entre otros derechos, sin temor a sufrir represalias del crimen organizado. Es lo mínimo que se requiere para que la ciudadanía mexiquense pueda votar en libertad el 2 de junio. No hay que correr el riesgo de votar entre balas.
DB
