Autoridades municipales lanzaron una advertencia urgente a los vecinos de fraccionamientos residenciales, tras detectar una peligrosa modalidad de fraude y despojo. De acuerdo con el gobierno local, grupos delictivos utilizan documentos falsos que simulan denuncias judiciales para intimidar y extorsionar a propietarios, principalmente en el exclusivo Condado de Sayavedra.
Alerta en Atizapán: nueva modalidad de fraude y despojo en zonas residenciales
Carlos Mata de la Fundación Delos, informó que al menos se tienen registrados 12 casos en distintas zonas residenciales del municipio.
El gobierno de Atizapán destacó que los delincuentes envían notificaciones con sellos y firmas apócrifas, citando artículos legales y solicitando que las víctimas se comuniquen a un número telefónico para “detener” un supuesto proceso judicial. Una vez que la persona llama, es amenazada y obligada a realizar pagos inmediatos.
El gobierno local exhortó a los vecinos a verificar la autenticidad de cualquier documento judicial directamente en los juzgados y a no comunicarse con los números proporcionados en los avisos falsos. Además, pidió denunciar estos hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y proteger los datos personales para evitar que sean utilizados en fraudes.
Al respecto, Carlos Mata, abogado de la Fundación Delos, aseguró que detrás de estos fraudes existe una red de corrupción inmobiliaria en la que estarían coludidos funcionarios estatales, municipales, notarios y algunos ministerios públicos.
“El modus operandi es inverosímil: llegan a las casas, avisan a los vecinos que habrá un cateo y les piden sacar sus pertenencias. Incluso les sugieren quitar las puertas si son caras. Eso viola cualquier protocolo judicial”, denunció Mata.
El abogado señaló que una de las víctimas documentó la participación de una notaría, servidores públicos y personal del ayuntamiento en el intento de despojo. Actualmente, la fundación acompaña a 12 personas afectadas, aunque aún se evalúa cuántas decidirán hacer públicos sus casos debido a las amenazas recibidas.
Vecinos exigen vigilancia y control de obras
Norma Fajardo, presidenta legítima de la Asociación de Colonos de Condado de Sayavedra, subrayó que desde hace tiempo han solicitado al municipio mayor vigilancia en las obras de construcción. Según explicó, muchas invasiones comienzan con predios abandonados que acumulan basura y grava, donde posteriormente se levantan edificaciones sin licencia ni autorización de los verdaderos dueños.
“Para nosotros es un filtro fundamental que las obras cuenten con licencia. No sabemos quiénes son los que construyen ni de dónde vienen. Esa medida dificulta que los delincuentes consumen los despojos”, afirmó Fajardo.
La dirigente vecinal reveló que existen múltiples casos de fraude que los afectados no han querido hacer públicos, aunque sí han presentado denuncias ante la FGJEM. Incluso relató que esta semana un vecino de la calle Dublín reportó la invasión de su propiedad.
Un problema creciente en fraccionamientos cerrados
De acuerdo con Fajardo, muchos propietarios adquieren terrenos en fraccionamientos cerrados y confían en que la seguridad del acceso controlado los protege. Sin embargo, al no habitar sus predios durante años ni dejar datos de contacto, se vuelven vulnerables a invasores que aprovechan la ausencia.
“Lamentablemente, algunos colonos confían en personas que usurpan funciones dentro de la Asociación de Colonos, pero no representan a la comunidad. Tenemos esperanza de que las autoridades investiguen y se logre recuperar los predios, porque muchas veces los invasores reciben los avisos antes que los propios afectados”, concluyó.
Recomendaciones oficiales
- Verificar cualquier documento judicial directamente en los juzgados.
- No llamar a los números telefónicos que aparecen en notificaciones sospechosas.
- Denunciar inmediatamente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
- Proteger datos personales y evitar compartir información sensible en línea.
La situación en Atizapán refleja un alarmante patrón de fraude inmobiliario que combina intimidación, corrupción y vulnerabilidad de los propietarios. Autoridades y vecinos coinciden en que la única forma de frenar esta práctica es mediante la denuncia pública y legal, así como el fortalecimiento de la vigilancia en fraccionamientos residenciales.
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