Alertan sobre secuestro de viviendas y préstamos impagables que acaban en despojo

Grupos delictivos han implementado esquemas como el secuestro de propiedades o préstamos impagables para despojar a las personas de sus viviendas en municipios como Ecatepec, Tecámac, Zumpango, Acolman y otros más.

Se trata de métodos que combinan violencia, intimidación y vacíos legales, con los que las víctimas son obligadas a ceder sus hogares.

Secuestros de la propiedad para realizar despojo

Carlos Mata, abogado y director de la Fundación Delos, ha documentado decenas de casos y alertó sobre estos mecanismos cada vez más frecuentes.

“Ya no es solo una invasión. Hoy hablamos de secuestro de tu propiedad. Llegan personas armadas, irrumpen en tu casa, se instalan y luego te exigen cantidades de entre 80 mil y 200 mil pesos para salirse. Si no pagas, no te devuelven tu hogar. Así de claro”, denunció.

Este esquema, dijo, opera bajo un modelo de extorsión territorial, en el que los ocupantes ilegales permanecen en la propiedad mientras presionan al dueño a negociar.

“Legalmente es extorsión, pero en los hechos es un secuestro. Tu casa está tomada, no puedes entrar, y la autoridad no actúa hasta que tú cedes”, explicó.

Préstamos impagables

Otro esquema que ha ido ganando terreno es el de los préstamos impagables; en el que algunas de estas organizaciones ofrecen préstamos “express” que van desde 5 mil hasta 10 mil pesos, pero con intereses que pueden crecer exponencialmente hasta los 200 mil pesos.

Ante la imposibilidad de pagar, la propiedad del deudor es tomada como forma de garantía y finalmente despojada.

“Hay personas que pierden su casa por un préstamo inicial de 10 mil pesos. Terminan pagando con su patrimonio porque el monto se infla con cargos ilegales, amenazas y violencia física”, refirió el abogado.

Expuso que ambos métodos suelen operar con el silencio o incluso la complicidad de autoridades locales, pues existen casos en que los invasores logran hacer traslados irregulares de dominio, inscribiendo la propiedad a su nombre sin presentar documentos legales, y comienzan a pagar el predial para legitimarse como dueños.

A esto se suman contratos de arrendamiento apócrifos utilizados como pretexto para instalar personas en las viviendas, dificultando aún más el proceso legal de recuperación.

“En el caso de doña Carlota, invadieron su casa y colocaron a personas que exhibieron un contrato falso de renta. Desalojarlas puede tardar años”, relató.

Proponen reforma legal

Reconoció que aunque ha habido operativos para recuperar viviendas, los resultados son insuficientes.

Para frenar esta ola de despojos, Carlos Mata propuso una reforma legal que endurezca las penas, pues actualmente van de solo uno a seis años de prisión.

“Los delincuentes hacen cuentas: si me dan tres años y salgo antes, vale la pena. Es una puerta giratoria. Hasta que las penas sean realmente disuasorias, esto no va a parar”, apuntó.

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TAR