Alistan “Ley Ingrid” en Edomex; analizan cuatro iniciativas para penalizar filtración de imágenes de crímenes
Buscan la unificación de cuatro iniciativas para penalizar la filtración de imágenes, información y datos de víctimas de homicidio
El Estado de México se perfila a tener su propia «Ley Ingrid», por eso los diputados de las comisiones legislativas unidas acordaron la unificación de cuatro iniciativas para penalizar la filtración de imágenes, información y datos de víctimas de homicidio. Se tendrá especial atención en grupos vulnerables y en casos de feminicidio en contra servidores públicos que laboran en la administración y procuración de justicia.
Derivado de estos primeros acuerdos, pactaron que el 21 de abril se llevará a cabo una reunión más con miras a integrar la propuesta de dictamen. En la misma llamará a la participación de los representantes de la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM) y de la Comisión de Derechos Humanos estatal (Codhem) para que emitan recomendaciones en la materia.
Entre las primeras propuestas para sancionar la violencia institucional y la revictimización, es ampliar las sanciones no sólo a servidores públicos de administración y procuración de justicia, sino a los de emergencias, primeros respondientes y toda persona en general.
La legisladora de Morena, Beatriz García Villegas, explicó que la iniciativa que presentó contempla no sólo sancionar a servidores públicos por la filtración de imágenes, video, audios, documentos, información reservada, confidencial, instrumentos producto del hecho delictivo, datos de prueba y toda clase de evidencia, sino brindar protección y apoyo a víctimas.
En ese sentido, propuso reconocer expresamente y amparar a los distintos grupos poblacionales y en condición de vulnerabilidad frente a conductas ilícitas como niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, migrantes y periodistas. Además de defensores de derechos humanos, indígenas, de la comunidad LGBTTTIQ+, internos, adultos mayores, en situación de calle o extrema pobreza, entre otras.
Respaldó en sancionar con cinco y hasta 15 años de cárcel e incrementar por la actualización de cada una de las circunstancias agravantes en una mitad de la pena que corresponda y que determinaría el juez, además establecer si es doloso o intencional.
La diputada del PRD, Araceli Casasola Salazar, resaltó que la violencia contra las mujeres es ejemplificada de diversas maneras y también puede originarse desde el sector público y privado. De igual manera en áreas de procuración de justicia y las encargadas de garantizar los derechos humanos de las féminas.
«Lamentablemente en el Estado de México se han suscitado casos en los que se filtran imágenes de las víctimas de feminicidio promoviendo una cultura de violencia institucional que vulnera los derechos y la dignidad de las víctimas».
La integrante de la bancada de Morena, Liliana Gollas Trejo explicó que este es un paso más para el respeto a la memoria, la dignificación y no revictimización en temas de género para víctimas directas e indirectas, que actualmente no contempla la legislación estatal.
Enfatizó que no sólo sería para los trabajadores en el ámbito de la administración y procuración de justicia, sino contempla además a los primeros respondientes como paramédicos, policías, bomberos y ciudadanos en general, es decir, para todos aquellos que se pudiera detectar que hicieron una filtración.
Refuerzan propuestas
La legisladora panista, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro dijo que el reto es lograr armonizar la justicia con dignidad. Y retomó que es necesario unificar las propuestas y consolidarla en una con las diferentes visiones y proteger a las víctimas y procurar que los culpables no queden impunes.
Mariana Uribe Bernal, de Morena, celebró el inicio del análisis pues, aseguró, que con ello se reducirán de manera drástica los casos de revictimización por parte de instituciones y profesionales encargados de prestar atención a víctimas de delitos. Advirtió que las filtraciones pueden ver afectadas sus vida personal, trabajo y en todos los ámbitos por el daño que ello les ocasiona.
Finalmente el diputado priista, Juan Maccise Naime, aseveró que la exhibición de gráficas, información sensible y evidencias relativas a la comisión ilícitos representa un daño irreversible a familias y lastima la dignidad de las víctimas, por lo que pidió conocer la opinión de la FGJEM sobre los nuevos tipos penales que se pretenden.
ASME
