Analizan solicitar aplazamiento de la elección de juzgadores a 2028: HMG

La posibilidad de solicitar formalmente un aplazamiento de la elección de jueces y magistrados del próximo año a 2028 comenzó a tomar forma entre los poderes judiciales del país, ante los riesgos operativos que implica mantener el calendario previsto para 2027 y la implementación simultánea del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles.

El planteamiento será uno de los ejes de la reunión nacional de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), que tiene como sede principal al Estado de México desde el viernes pasado.

Poderes judiciales locales discuten cómo hacer viable una reforma

El presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, Héctor Macedo García, expone que el encuentro no se limita a una agenda protocolaria. Se trata, afirma, de un espacio donde los titulares de los poderes judiciales locales discuten cómo hacer viable una reforma constitucional que ya está en marcha, pero cuya aplicación enfrenta tensiones estructurales en distintos estados.

Desde su experiencia, el Estado de México ha transitado con menor fricción que otras entidades debido al diseño de su Ley Orgánica, basada en contrapesos internos entre la presidencia, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. Ese modelo, señala, despertó el interés de otros estados durante las recientes plenarias de la Conatrib, al grado de que 15 entidades solicitaron integrarse a la comisión que trabaja en una ley modelo para los poderes judiciales locales.

“La preocupación es compartida”, resume. En varios estados, explica, la reforma generó desequilibrios: órganos administrativos que desplazaron a las presidencias y frenaron la toma de decisiones, o, en el extremo opuesto, concentraciones de poder que vaciaron de contenido los nuevos órganos de control. El desafío, dice, es encontrar un punto de equilibrio que permita gobernabilidad interna sin regresiones.

“Es un servicio para las personas, que al final del día, decimos los abogados, es la teleología, es el fin último del poder judicial. Juicios rápidos, juicios justos, no tan costosos, transparentes, y que la gente tenga una sentencia. La incertidumbre mata, hay que dar la sentencia a las personas”, explica.

Aplazamiento de la elección de juzgadores a 2028

Ese debate se cruza con una inquietud mayor: la elección judicial de 2027. En el Estado de México, durante la primera etapa de la reforma, sólo una quinta parte de los cargos fue sometida a voto popular. Para el próximo proceso, el escenario cambia de manera radical. Más de 450 jueces y magistrados podrían ir a las urnas en una elección concurrente con alcaldías, diputaciones locales y federales, y eventualmente una consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nos preocupa que pasemos a segundo término en la elección, en donde hay una elección política, diputados, diputados locales, diputados federales, y muy probablemente una revocación de mandatos. La gente va a volcarse al tema de la presidenta y de los diputados federales y nos preocupa la falta de legitimación”, señala con preocupación.

El riesgo, advierte Macedo, no es únicamente político. Es, sobre todo, operativo. Cada persona candidata requerirá licencia para hacer campaña, lo que implicaría suplencias en cascada: secretarios, actuarios y personal jurisdiccional que hoy no existe en número suficiente. “Es una escalera que no tiene a quién subir”, señala. A ello se suma la posibilidad de que la elección judicial quede diluida en medio de campañas de alto voltaje político, con el consecuente problema de legitimidad.

Por estas razones, dentro de la Conatrib comenzó a discutirse la opción de ajustar los tiempos y trasladar la elección judicial a 2028. El planteamiento, aclara, no busca frenar la reforma ni revertirla, sino garantizar condiciones mínimas de funcionamiento. “La reforma ya es constitucional, somos constitucionalistas y hay que cumplirla, pero también hay que hacerla viable”, sostiene.

En paralelo, otro tema genera preocupación: la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Su implementación supone una transformación profunda del sistema de justicia cotidiana, con mayor oralidad, nuevas salas, capacitación intensiva y recursos presupuestales adicionales. El Estado de México presenta avances, pero otras entidades parten prácticamente de cero. Aplicar el código mientras se renueva masivamente la planta judicial, advierte, podría provocar un retroceso generalizado.

La alternativa que se discute es posponer su aplicación plena hasta 2030, cuando el sistema tenga mayor estabilidad y los jueces electos cuenten con experiencia suficiente. “Empujarlo al 2030 para poder estar más estables con los jueces electos. Al 2030 tendríamos ya cinco años de los jueces electos y dos años más de los más recientes. Y yo creo que ya sería viable la operatividad del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que además requiere inversión, porque hay que volver todo en oralidad. El Estado de México está muy avanzado. Hay otros estados que tienen cero oralidad”.

Las reflexiones sobre la reforma judicial parten de una autocrítica. Macedo reconoce que, durante años, el Poder Judicial operó de espaldas a la ciudadanía, encerrado en dinámicas internas que privilegiaban la forma sobre el impacto social. La elección judicial, afirma, no se va a revertir y ha traído perfiles preparados y con sentido de responsabilidad pública, aunque también exhibió fallas en los filtros de selección. “Tres mil 600 candidatos para cuatrocientos cargos es excesivo”, señala, y propone fortalecer los comités con evaluaciones académicas más estrictas.

Audiencias públicas

En ese contexto de transformación, Macedo García ha implementado un programa de audiencias públicas, como una respuesta a la demanda ciudadana de ser escuchados por el Tribunal. La sorpresa fue constatar que la mayor parte de los reclamos no provenían del ámbito penal, sino de la justicia familiar, donde se concentran los mayores rezagos.

Las audiencias atienden entre 30 y 40 personas por jornada y no persiguen metas cuantitativas. “Un solo caso resuelto vale la pena”, sostiene. El programa continuará durante los 18 meses restantes de la administración y se ampliará a regiones como Ecatepec, la Zona de los Volcanes y el sur del estado. También se realizan encuentros internos, de los que han surgido propuestas para mejorar la capacitación judicial y prevenir conflictos antes de que lleguen a los tribunales.

Para Macedo, la clave es no perder de vista el objetivo final. La reforma, la elección y la coordinación nacional sólo tienen sentido si se traducen en juicios más rápidos, sentencias claras y menor incertidumbre para la gente. “La justicia cotidiana es la que más volumen tiene y la que más duele cuando falla”, concluye.

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