Urge aclarar asesinatos de investigadores ambientalistas 

En el Estado de México se suscitaron dos asesinatos de valiosos defensores de los derechos de la naturaleza: Álvaro Arvizu Aguiñaga y Cuauhtémoc Márquez Fernández. Estos lamentables sucesos han generado consternación y preocupación social, por lo que se exigen respuestas y justicia a las fiscalías estatal y federal. Además, es urgente la necesidad de unir fuerzas para proteger nuestro medio ambiente.

Hoy, estamos viviendo en carne propia los efectos del cambio climático con esta ola de calor que no la habíamos pasado nunca, sobre todo si consideramos que en Toluca las temperaturas altas, no duraban tantos días. 

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Álvaro Arvizu Aguiñaga, coordinador del área Agroecológica del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (Centli), y Cuauhtémoc Márquez Fernández, apicultor y académico, perdieron la vida en circunstancias violentas en el municipio de Tlalmanalco. Estos actos demuestran la vulnerabilidad en la que se encuentran aquellos que se dedican a proteger el medio ambiente, la biodiversidad y los territorios de los pueblos originarios en el Estado de México. 

Los activistas protectores de bosques, que hace poco cerraron la México-Toluca por nueve horas, están en la indefensión como lo hemos podido observar. Apenas en abril de 2023 un juez paró lo que los ambientalistas llamaban ecocidio en lo que sería Bosque Diamante en Jilotzingo, donde se derribarían más de 200 jil árboles en casi 200 hectáreas, proyecto a cargo de los hermanos Funtanet Mange, quienes recibieron los permisos desde el gobierno de Eruviel Ávila Villegas. El gobernador Alfredo del Mazo Maza se desistió de promover el recurso de revisión a esta sentencia y cuidar de la zona de Espíritu Santo. 

Los propios ambientalistas, han denunciado que elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnap), a veces, en lugar de enfrentar enfrentar a los grupos de delincuencia organizada que están deforestando los bosques de la región, parece que los cuidan y están coludidos.

Es esencial exigir a las fiscalías del Estado de México y federal una pronta y exhaustiva investigación que permita esclarecer estos crímenes. Estos actos violentos no solo afectan a las víctimas y a sus familias, sino que también constituyen un ataque directo a la labor de instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y al Proyecto Sierra Nevada, que se dedican a investigar y preservar el entorno natural de la zona de los volcanes.

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El Acuerdo de Escazú, al cual México se adhirió, representa una herramienta fundamental para proteger a los defensores del medio ambiente y garantizar su acceso a la justicia. Es crucial que este acuerdo internacional de obligación vinculante se aplique de manera efectiva en el Estado de México y en todo el país. Hay algo claro: Estos crímenes no pueden quedar impunes. Ya, por lo pronto, el diputado Max Correa, ha hecho lo propio.

SPM