ASF debe replantear el marco constitucional y legal: Alfonso Ramírez

ASF debe replantear el marco constitucional y legal Alfonso Ramírez. Foto: Especial

ASF debe replantear el marco constitucional y legal: Alfonso Ramírez

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar recordó que es necesario replantear el marco constitucional y legal que regula su funcionamiento.

Alejandra Reyes
Enero 25, 2026

La elección de la nueva titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no puede seguir reproduciendo los mismos vicios que han debilitado a la institución en los últimos años. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar recordó que es necesario replantear el marco constitucional y legal que regula su funcionamiento, pues la ASF ha perdido fuerza como organismo garante de la rendición de cuentas y ha sido utilizada en ocasiones como instrumento político, lo que ha mermado su credibilidad.

La ASF ocupa un lugar central en el sistema de fiscalización y control democrático del gasto público en México, ya que es la encargada de revisar el uso de los recursos federales. Sin embargo, su desempeño reciente ha evidenciado riesgos y debilidades que ponen en duda su capacidad para cumplir con su misión. Una Auditoría renovada y más eficiente, señaló, no solo fortalecería la confianza de los contribuyentes, sino que también incentivaría una mayor recaudación al garantizar que los recursos se administren de manera transparente.

Ramírez Cuéllar subrayó que existe una brecha significativa entre los sectores estratégicos que deberían ser auditados y el presupuesto que realmente se revisa. Además, se han detectado omisiones en áreas de alta complejidad y riesgo, lo que cuestiona la capacidad de la ASF para prevenir irregularidades y combatir la corrupción. El legislador insistió en que es indispensable sancionar con rigor a quienes hacen mal uso del presupuesto federal y estatal, pues la impunidad solo perpetúa las malas prácticas.

El actual modelo de fiscalización presenta fallas estructurales. Una de ellas es la falta de participación ciudadana en el proceso de designación del titular, que se lleva a cabo sin mecanismos que involucren a la sociedad civil o a la academia, lo que reduce la legitimidad y transparencia de la selección.

También preocupa la concentración de decisiones estratégicas en la figura del titular, quien actualmente define el programa anual, el reglamento interior, los nombramientos de alto nivel y la emisión de normas. Esta centralización limita la pluralidad técnica y aumenta la discrecionalidad, dejando a la institución vulnerable frente a presiones externas.

Otro problema es el riesgo de captura institucional derivado de la posibilidad de reelección, que incentiva la perpetuación de intereses y compromete la independencia de la ASF. A ello se suma la ausencia de reglas claras contra el nepotismo, ya que el marco normativo no prohíbe vínculos familiares entre el titular y altos funcionarios de los tres poderes, lo que abre la puerta a conflictos de interés.

En cuanto al desempeño técnico, se han identificado vulnerabilidades críticas: baja cobertura en sectores estratégicos como PEMEX y la Secretaría de la Defensa Nacional, escasa atención a riesgos de corrupción en adquisiciones y obras públicas, y poca supervisión en asociaciones con el sector privado. Además, los plazos actuales de fiscalización son excesivos, pues los informes tardan casi dos años en completarse, lo que retrasa la corrección de irregularidades y debilita el efecto preventivo.

Transformacion profunda en la Auditoría

El diputado, también vicecoordinador de Morena, advirtió que esta falta de oportunidad en la actuación de la ASF favorece la normalización de observaciones que no derivan en acciones inmediatas. Finalmente, destacó que el fortalecimiento de las sanciones es fundamental para reducir la persistencia de irregularidades. Recordó que en 2022 apenas el 4.3% de las investigaciones por corrupción llegó ante un juez, lo que demuestra que la detección de anomalías no siempre se traduce en consecuencias efectivas.

La renovación de la ASF no debe limitarse a un cambio de nombre en la titularidad, sino a una transformación profunda que garantice independencia, transparencia y eficacia. Solo así podrá recuperar su papel como pilar de la rendición de cuentas y contribuir a reconstruir un sistema nacional de auditorías que responda verdaderamente al interés público.

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