Transportistas y restauranteros exigen apertura de comederos cerrados por fiscalía mexiquense

Integrantes de la Asociación Civil de Camioneros, Manuel Mendoza Tamexun se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir la liberación de varios restaurantes ubicados en las carreteras México-Querétaro y Toluca-Atlacomulco, ya que dichos locales fueron señalados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como sitios en los que se cometían actividades fuera de la ley; sin embargo, la autoridad no lo ha comprobado.

Manifestación por cierre de locales en Toluca

La mañana de este lunes, varios trabajadores del transporte encabezados por Manuel Mendoza, dirigente de Tamexun se plantaron frente a la sede del Poder Ejecutivo del Estado de México para externar su molestia ante la clausura ilegal de más de nueve restaurantes por parte de la Fiscalía mexiquense, aseveró su dirigente.

En este sentido, Manuel Mendoza detalló que, en su momento, la fiscalía mexiquense aseveró que de acuerdo a denuncias anónimas en diferentes comedores de las carreteras Toluca-Atlacomulco, México-Palmillas, ubicados en municipios como Polotitlán, Jilotepec y Soyaniquilpan se vendía droga y había trata de personas.

Fiscalía no ha comprobado afirmaciones

Manuel Mendoza indicó que hasta el momento la fiscalía estatal no ha comprobado sus afirmaciones, desafortunadamente, al menos nueve comercios continúan clausurados y no hay para cuando los liberen, incluso algunos comederos llevan más de un año sin operar.

Ante esta situación, dijo, los dueños de esos locales se acercaron a la organización Tamexun para pedir su apoyo y denunciar las presuntas arbitrariedades en las que incurrieron los agentes de la fiscalía general de Justicia del Estado de México.

“Nuestras autoridades abusan del poder que les otorga la ciudadanía, acusaron a los restauranteros de que en sus locales había venta de drogas, trata de personas, pero tenemos videos, evidencia que contradicen a la fiscalía”.

El dirigente de Tamexun comentó que, de acuerdo a los testimonios de los afectados, los agentes ministeriales no presentaron documentos que avalaran los operativos, únicamente dijeron que recibieron denuncias anónimas y eso era suficiente para iniciar las investigaciones y cerrar los locales. De igual manera, puntualizó que en estos momentos faltan nueve comedores por entregar, pero denunció que a sus agremiados les solicitaron hasta 90 mil pesos por liberarlos.

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MPH