En un contexto de creciente presión sobre los mercados energéticos, la Asociación Iberoamericana de Gas LP (AIGLP) lanzó una advertencia: fijar el precio del gas LP por decreto es un error de fondo que pone en riesgo la viabilidad del sector en México.
Desde 2021, el gobierno federal implementó un esquema de control de precios para contener el alza del gas doméstico. Sin embargo, la AIGLP considera que esta política parte de una premisa equivocada: creer que es posible fijar el valor de un commodity global sin tomar en cuenta las dinámicas internacionales.
“El gas LP es un producto sujeto a condiciones de oferta y demanda internacionales, influenciado por factores como el precio del crudo, costos logísticos, tipo de cambio y tensiones geopolíticas. Ignorar estas variables equivale a construir una ficción económica”, advirtió el organismo, presidido por el brasileño Aurelio Antonio Mendes Ferreira.
Un mercado distorsionado en el Gas LP
La AIGLP señaló que establecer un precio artificialmente bajo provoca una serie de distorsiones: empresas operando con márgenes negativos, inversiones paralizadas y una infraestructura cada vez más obsoleta.
La organización denunció que los ingresos de las plantas distribuidoras de gas LP se han reducido a casi la mitad desde que se impuso el precio tope, lo que ha congelado inversiones en cilindros nuevos, vehículos de reparto y tecnologías más limpias. Esto, alertó, compromete la seguridad operativa del sistema a mediano plazo.
Además, la medida ha incentivado el crecimiento del mercado ilegal, con el auge de bandas dedicadas al robo y distribución clandestina de gas —conocidas como huachigas—, fenómeno que representa no solo pérdidas fiscales, sino también un riesgo latente para la seguridad de las comunidades.
El costo oculto del subsidio implícito Lejos de representar un alivio sostenible para la economía de los hogares, la política de control de precios ha creado una ecuación rota en la cadena de valor del gas LP. Según la Asociación, el sector en México recorre más de 60 millones de kilómetros al mes para garantizar el suministro, lo que implica costos fijos elevados en combustibles, salarios, seguros y mantenimiento.
“Cuando el precio final no cubre ni los costos marginales ni los fijos, la provisión de largo plazo está en peligro. Aun con menor precio al consumidor, el consumo no crece significativamente, pero sí aumentan las pérdidas de los proveedores”, explicó la AIGLP.
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Hacia una política pública basada en evidencia
En lugar de eliminar la regulación, la AIGLP propone avanzar hacia un modelo regulatorio inteligente, que combine la protección de los consumidores —especialmente los más vulnerables— con la sostenibilidad del sector.
Entre sus propuestas destacan: establecer bandas de precios móviles, ajustadas regularmente con base en indicadores internacionales e introducir subsidios focalizados, que lleguen directamente a quienes más los necesitan, en lugar de aplicar controles generales de precios.
Además, fomentar inversiones público-privadas para modernizar infraestructura logística y tecnológica, y fortalecer la seguridad jurídica y el combate al huachigas, para proteger a los actores formales del mercado.
Para la AIGLP, el gas LP no es solo una fuente de energía: es un pilar social y económico que llega a millones de hogares mexicanos, genera empleo y es esencial para la vida cotidiana.
“Preservar su abasto seguro, eficiente y competitivo no se logra con decisiones unilaterales, sino con políticas públicas construidas sobre datos, economía y diálogo”, concluyó el organismo.
Con esta postura, la Asociación Iberoamericana de Gas LP llama a repensar el enfoque actual y fomentar el diálogo entre gobierno y empresas. Además, considera que se debe apostar por soluciones sostenibles que armonicen justicia social y lógica económica en el suministro de uno de los combustibles más esenciales para México.
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MPH