Atizapán, en la mira de cárteles del despojo

Carlos Mata Martínez, integrante del grupo Delos, denunció que en la Zona Esmeralda de Atizapán, se han detectado al menos 10 casos de despojo de predios y viviendas. Además, se han descubierto otros 30 procesos en curso en municipios aledaños.

El abogado señaló que esto ha perjudicado a muchas personas, quienes  han perdido su dinero y se quedaron sin representación legal, pues el miedo a grupos delincuenciales los ha llevado a desistir de defender sus propiedades.

Despojos en Zona Esmeralda y Sayavedra

Advirtió que estos despojos no se limitan a Zona Esmeralda, sino que también alcanzan a Condado de Sayavedra, Atizapán y diversos municipios mexiquenses.

Señaló que algunos de los grupos responsables están vinculados a los llamados cárteles inmobiliarios que operan en la Ciudad de México, en colusión con notarías, juzgados y particulares.

“Cuando el entramado se lleva a cabo en juzgados o notarías, se genera una zona gris no legislada, donde operan los grupos criminales de cuello blanco”, explicó.

Reconoció avances del operativo Restitución, implementado por el Gobierno del Estado de México, que ha marcado un precedente en la recuperación de inmuebles.

Subrayó que la legislación vigente se diseñó para atender despojos violentos, dejando fuera los institucionales que se hacen disfrazados de legalidad mediante simulaciones jurídicas.

Comentó como ejemplo con el caso de un terreno en Sayavedra: el comprador construyó y vendió una casa, pero ahora enfrenta la pérdida de la propiedad por maniobras legales de terceros.

Endurecer las penas contra servidores públicos

El abogado urgió a endurecer las penas contra servidores públicos que participan en estos actos, incluidos notarios, jueces, corredores y funcionarios de catastros.

También pidió reformas en materia civil que simplifiquen la nulidad de acciones simuladas, pues actualmente los juicios pueden prolongarse entre ocho y 15 años, tiempo que los grupos aprovechan para usufructuar las propiedades.

Afirmó que en zonas residenciales de alto valor, como Zona Esmeralda y Sayavedra, la colusión involucra a ayuntamientos, autoridades registrales y ministerios públicos.

De acuerdo con cifras oficiales, en el Estado de México se han registrado más de 5 mil 500 denuncias por despojo y desalojo en los últimos dos años. 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reportó 2 mil 307 inmuebles asegurados y mil 452 restituidos. Los municipios con mayor incidencia son Ecatepec, Toluca, Chalco, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, mientras que en Atizapán se han detectado organizaciones vinculadas, aunque con menor frecuencia.

El  abogado reconoció que esta situación revela una serie de problemas que facilita el delito, desde la  intimidación, fraudes documentales de los cuales, las víctimas más vulnerables son adultos mayores y madres autónomas. Mientras tanto, los grupos criminales aprovechan vacíos legales para apropiarse de propiedades, venderlas o rentarlas, prolongando litigios que pueden durar décadas.

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