Atizapán se coloca a la vanguardia en la gestión territorial con la operación de un Centro de Inteligencia Geográfica, un espacio donde se integran capas de información cartográfica y administrativa que permiten documentar con precisión la pertenencia de diversas zonas al municipio.
A través de este sistema se cruzan datos del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que brinda certeza sobre los límites municipales y fortalece la defensa jurídica de Atizapán.
Atizapán aporta información técnica y jurídica de sus derechos sobre el territorio
José Ramón Jarquín Rodríguez, director de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, explicó que Atizapán no enfrenta problemas de límites territoriales, sino que fue el municipio de Jilotzingo el que inició un procedimiento de aclaración.
En este tipo de procesos, la ley ofrece dos caminos: resolver mediante un convenio amistoso entre municipios o acudir a la Comisión de Límites Territoriales de la Legislatura mexiquense. En este caso, se renunció a la vía amistosa y actualmente se desahogan pruebas en el Congreso local, sin que aún se defina la extensión total de la zona en disputa.
El funcionario detalló que la participación de Atizapán se ha centrado en aportar información técnica y jurídica que respalda sus derechos sobre el territorio.
Dentro del análisis se han detectado construcciones que no cuentan con regulación municipal, lo que abre la duda de si fueron autorizadas por Jilotzingo. Sin embargo, al revisar los planos oficiales del IGECEM y del INEGI, disponibles en el geovisor público, se confirma que los límites administrativos corresponden a Atizapán.
Ejidos Espíritu Santo y Rancho Blanco puntos de controversias
Los ejidos Espíritu Santo y Rancho Blanco son los puntos donde se concentran las controversias. Aunque los ejidatarios han promovido el tema por diferencias en la delimitación, la autoridad competente para reclamar ante la Legislatura es la administración municipal. “Ellos aportan sus motivos y opiniones, pero la representación legal recae en el municipio”, subrayó Jarquín Rodríguez.
El director aclaró que existe confusión porque fuera de esta zona limítrofe se autorizó en su momento un desarrollo denominado Zona Diamante, cuya licencia se encuentra suspendida por un procedimiento jurídico. No obstante, ese caso no forma parte del diferendo territorial.
La disputa se ubica específicamente en la colindancia de Prado Largo, justo donde inicia el letrero de bienvenida a Atizapán, región que hoy se encuentra bajo revisión legislativa.
“Nosotros no tenemos problemas con los límites, los planos oficiales reconocen la pertenencia de esas tierras a Atizapán. Fue Jilotzingo quien inició el procedimiento de aclaración, pero las pruebas presentadas legitiman nuestra administración sobre esa circunscripción municipal”, afirmó el funcionario.
Atizapán refuerza su posición con evidencia cartográfica y administrativa
El proceso se sostiene en dos pilares: el análisis territorial, que corresponde al área técnica, y la representación legal, a cargo del área jurídica del municipio. De esta manera, Atizapán refuerza su posición con evidencia cartográfica y administrativa, mientras la Legislatura continúa con la valoración de pruebas de ambas partes.
Con este Centro de Inteligencia Geográfica, Atizapán no solo documenta su territorio, sino que también se prepara para enfrentar cualquier controversia limítrofe con herramientas modernas y datos oficiales.
La apuesta es clara: garantizar certeza jurídica y administrativa sobre el suelo que pertenece al municipio, proteger los derechos de los habitantes y evitar que intereses externos alteren la delimitación reconocida por las instituciones oficiales.
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MPH

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