Autoridades y vecinos buscan solución a conflicto de tierras en Chimalhuacán

Tras más de un siglo de conflictos por la tenencia de más de mil 200 hectáreas en la zona conocida como Los Tlateles, autoridades del Estado de México iniciaron un proceso de diálogo con integrantes de pueblos originarios de Chimalhuacán quienes reclaman la propiedad de esas tierras enfrentando múltiples procesos judiciales contra expropiaciones de distintos gobiernos.

El conflicto se recrudeció en 2015, cuando el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto emitió un decreto de expropiación de 20 hectáreas de Los Tlateles, el cual fue publicado el 8 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Fueron 200 hectáreas por las que se inició la lucha jurídica

Posteriormente, el 21 de Julio de 2016, el Diario Oficial de la Federación, publicó dos acuerdos, en uno de ellos la Secretaría de la Función Pública destinaba una fracción de 30 hectáreas para un centro deportivo y en otro asignaba 150 hectáreas para un parque industrial.

En total fueron 200 hectáreas las que motivaron a cientos de pequeños propietarios a emprender una lucha jurídica  en las que, aseguran han presentado títulos primordiales emitidos desde 1895, contratos de compra-venta firmados por presidentes de la República desde 1930, así como escrituras públicas, inmatriculaciones y traslados de dominio, entre otros documentos.

Y sumado a los conflictos que dejaron estas disposiciones federales, en marzo de 2022, el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto mediante el cual declara como Área Natural Protegida, la zona del Lago Nabor Carrillo, que abarca las más de mil hectáreas de Los Tlateles lo cual agudizó el conflicto.

Conflicto de tierras en Chimalhuacán

Los Tlateleros, algunos independientes y otros agrupados en asociaciones civiles como la Unión de Legítimos Propietarios en Defensa de la Tierra (ULPAC), Coduc A.C., Tlateles en Defensa del Patrimonio de Chimalhuacán y Comité de Defensa de la Tenencia de la Tierra en Chimalhuacán y Tlateles, entre otras han interpuesto más de 20 amparos, cerca de 200 denuncias en la Fiscalía General de Justica (FGR) y más de 200 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Ante esta situación, los diputados locales por el distrito 5, Samuel Ríos Moreno y Vladimir por el distrito 3, Vladimir Hernández Villegas, ambos de la fracción parlamentaria de Morena, han intervenido como enlaces para mediar en este conflicto.

Mientras que el Gobierno del Estado de México ha abierto canales de comunicación y ha iniciado un proceso de diálogo para escuchar a todos los grupos que reclaman la propiedad de Los Tlateles y hacer una revisión documental.

“No es algo que se va a resolver de la noche a la mañana, es a largo plazo porque hay mucho enredo jurídico, el asunto ha sido muy manoseado, porque ha habido indemnizaciones que no han llegado a los propietarios, sino que se han quedado con supuestos representantes, ha habido fraudes en otras administraciones, por eso se van a escuchar a todos los grupos para el deslinde jurídico, documenta y físico”, expuso el diputado Vladimir Hernandez.

Finalmente dijo que la prioridad es esclarecer la situación jurídica de los Tlateles y a partir de ahí se buscarán alternativas para aprovechar ese polígono que, por lo pronto es considerado parte del Área Natural Protegida.

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