Ayotzinapa: Once años después, CIDH reafirma su compromiso y exige respuestas

A once años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirma su solidaridad con las familias y subraya la necesidad de un diálogo “consistente y transparente” con el Estado mexicano. El organismo internacional urgió a las autoridades a redoblar esfuerzos para determinar la suerte o el paradero de los normalistas y sancionar a los responsables.

La CIDH recordó que la medida cautelar 409/14, emitida en octubre de 2014 para exigir la localización de los jóvenes y la atención a los sobrevivientes, sigue vigente. A lo largo de este tiempo, la Comisión ha acompañado activamente a las víctimas y al Estado en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral.

Esclarecimiento Pendiente: Obstáculos y Nuevos Esfuerzos
Pese a los años transcurridos, y la advertencia de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ) sobre el posible involucramiento de crimen organizado, policías, militares y otras autoridades estatales, el esclarecimiento de los hechos permanece incompleto. Las familias aún desconocen qué ocurrió con sus seres queridos.

Las víctimas y sus representantes han manifestado preocupación por diversos factores: la falta de efectividad en los espacios de diálogo, los obstáculos en el acceso a la justicia —incluyendo el presunto otorgamiento irregular de beneficios procesales a militares— y la negativa a entregar documentación bajo custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Además, existe un temor al resurgimiento de la “verdad histórica” y un cuestionamiento a sus representantes y a los mecanismos internacionales que atienden el caso. La CIDH considera esto último como un motivo de especial preocupación.

Por su parte, el Estado mexicano ha reportado operaciones de búsqueda activas y un aumento en los recursos destinados, así como la continuidad en las investigaciones sobre la participación militar. Las autoridades también señalaron que están litigando los beneficios procesales otorgados de manera indebida y han impulsado un cambio metodológico en el análisis de la información para estructurar una investigación basada en pruebas técnicas y científicas.

En un desarrollo reciente, la CIDH destaca como positivos que la Presidenta Claudia Sheimbaun haya retomado el diálogo directo con las familias, reafirmando su compromiso con el esclarecimiento y anunciando nuevas líneas de investigación. Asimismo, se reconoce la disposición del Ejecutivo para la apertura de archivos del Ejército y el castigo a los culpables, así como el reciente anuncio sobre la apertura a la participación de personas expertas independientes para contribuir a las tareas de investigación y judicialización.

Finalmente, la Comisión, que lamenta el reciente fallecimiento del padre de uno de los normalistas, Donato Abarca Beltrán, sin conocer la verdad, ratifica su compromiso con la digna lucha de las familias por la verdad y la justicia, la cual se ha mantenido “incólume por 11 años”.