Capacita el Poder Judicial mexiquense a jueces y magistrados electos para fortalecer acceso a la justicia

El Poder Judicial del Estado de México inició la capacitación intensiva de los jueces y magistrados electos en los comicios del pasado 2 de junio, con un curso que se extenderá durante los meses de junio, julio y agosto, y que busca dotarlos de herramientas jurídicas, digitales y sociales para ejercer su función con un alto compromiso ético y una profunda sensibilidad ante la realidad plural del estado.

Poder Judicial del Estado de México inició la capacitación intensiva de los jueces y magistrados electos en los comicios del pasado 2 de junio.

Tras instalar el Observatorio de Justicia para Pueblos Originarios y Comunidades Afrodescendientes, el primero en su tipo en el mundo, según comentaron en la ceremonia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Fernando Díaz Juárez, detalló que el curso se basa en una metodología de acompañamiento entre pares, pero con un modelo “maestro-aprendiz”, con un enfoque eminentemente práctico.

“Es un curso diseñado 80% práctico y 20% teórico; los nuevos juzgadores conviven día a día con juezas y magistrados del Poder Judicial, conocen cómo funciona un juzgado, cómo se digitaliza un documento, cómo se estructura una resolución, cómo se argumenta con perspectiva de género y derechos humanos”, precisó.

Destacó que todos los nuevos integrantes del Poder Judicial han sido convocados y que la mayoría asiste con entusiasmo, ya sea en modalidad presencial o virtual. “Advierto que tienen un compromiso no solamente profesional, sino también social. Saben que la responsabilidad que asumen exige estar a la altura de una justicia que debe transformarse”, expresó.

Justicia no puede ser un privilegio

Observatorio de justicia con rostro indígena y afrodescendiente
En el edificio administrativo del Poder Judicial en Toluca, Díaz Juárez afirmó que la instalación del Observatorio responde al cuarto compromiso de la declaratoria por una justicia abierta, firmada por el Poder Judicial mexiquense, y constituye “una manifestación tangible de un encargo ético que asume el sistema judicial con más de 400 mil mexiquenses históricamente invisibilizados”.

“El acceso a la justicia no puede ser un privilegio. Es un derecho que ha sido negado durante siglos a nuestros pueblos originarios y comunidades afrodescendientes. Hoy reconocemos esa deuda histórica y comenzamos a saldarla”, dijo ante representantes de los tres poderes del estado, líderes comunitarios y especialistas en derechos indígenas.

El Observatorio, indicó, no sólo permitirá observar y evaluar el actuar del Poder Judicial, sino que abre un espacio de diálogo, corresponsabilidad y transformación profunda del sistema jurídico. “No se trata sólo de cambiar leyes, sino de construir una justicia intercultural, una justicia que escuche, que respete la cosmovisión de las comunidades y que actúe con sensibilidad”, afirmó.

Entre las líneas de acción del nuevo órgano destacan la traducción de documentos legales y educativos a lenguas indígenas, la inclusión de intérpretes en audiencias y actuaciones judiciales, así como la creación de mesas de diálogo con líderes comunitarios y expertos en cultura indígena. Además, se impulsará una revisión integral del marco jurídico local en colaboración con el Poder Legislativo y el Ejecutivo para garantizar su adecuación a las realidades lingüísticas y culturales del estado.

Díaz Juárez reconoció que, si bien ya existen leyes traducidas en lenguas originarias, todavía hacen falta procedimientos claros y personal capacitado para aplicarlas adecuadamente. “Nos urgen más peritos que dominen la diversidad de sublenguas y dialectos del Estado de México. Hay peritos, sí, pero necesitamos muchos más”, subrayó.

En ese sentido, anunció que se trabaja en coordinación con el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM) para ampliar el número y la especialización del cuerpo de intérpretes y traductores del Poder Judicial.

Respecto al funcionamiento del Observatorio, Díaz Juárez explicó que sus integrantes participan de forma honorífica, sin remuneración, y que su labor se sustenta en el esfuerzo interinstitucional. “Aquí no hay sueldos. Lo que hay es vocación, es un compromiso con la justicia incluyente. Y aunque no hay recursos asignados directamente, se suman capacidades desde las distintas instituciones”, sostuvo.

También hizo un reconocimiento al trabajo conjunto de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial, las unidades técnicas internas, así como al acompañamiento del Poder Legislativo y el Ejecutivo en este proyecto que, dijo, “fortalece la legitimidad de nuestras acciones judiciales y construye un tejido social más democrático”.

Reforma judicial en curso: órgano de administración y Ley Orgánica
En cuanto a la implementación de la reforma judicial, el presidente del Tribunal Superior informó que ya se encuentra en marcha un comité de transición que prevé los ajustes administrativos, jurídicos y organizacionales necesarios para cumplir con el nuevo marco normativo.

Indicó que antes del mes de septiembre debe quedar conformado el órgano de administración previsto por la reforma, con representantes designados por el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. “Estamos a la espera de que se concreten esas designaciones. La reforma no se agota en la elección del primero de junio, hay mucho por hacer y muchos espacios de oportunidad para mejorar”, advirtió.

Asimismo, confirmó que el Poder Judicial participa activamente en la elaboración de las leyes secundarias de la nueva Ley Orgánica, en coordinación con la Consejería Jurídica y la Legislatura del Estado. “Este proceso debe estar acompañado por una renovación del compromiso social de nuestros juzgadores. La justicia que queremos debe ser humana, sensible y profesional”, concluyó.

PAT

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