Cárcel de hasta 10 años a servidores públicos que filtren imágenes o información de víctimas

Para cerrar la ventana a la revictimización, Morena plantea que se sancione a los servidores públicos hasta con 10 años de prisión que filtren imágenes o información de víctimas. Además, a partir de un punto de acuerdo se exhortó a las autoridades de seguridad y justicia a mejorar la estrategia en materia de seguridad y protocolos de atención, búsqueda y localización.

En el primer punto la legisladora de Morena, Beatriz García Villegas, indicó que la reforma es para el Código Penal del Estado de México sobre los delitos cometidos por las y los servidores públicos en la procuración y administración de justicia.

Para poner contexto la diputada retomó los casos de Christy Mary, encontrada sin vida en el municipio de mexiquense de Juchitepec y el de Ingrid en la Ciudad de México, donde las fotografías de sus casos fueron dadas a conocer a las pocas horas de los hallazgos de sus cuerpos, lo que significó una vulneración a sus derechos y una revictimización para ellas y sus familias.

Recalcó que la filtración de información o evidencia vinculada con alguna de las etapas del procedimiento penal es una práctica reiterativa cometida por servidores públicos que integran el sistema de procuración de justicia, para obtener alguna ventaja o contraprestación económica.

«Demostrando que los actos de filtración inciden sobre los derechos de las partes sometidas a un proceso penal y particularmente sobre los derechos de las víctimas, específicamente cuando se trata de alguna mujer, niña, adolescentes o adulta mayor, más aún cuando cualquiera de ella son víctimas del delito de feminicidio».

Aseguró que la difusión de las imágenes produce la revictimización y el daño a víctimas directas o a las que tienen carácter de indirectas, por lo que aseguró que la iniciativa busca inhibir y reducir estas conductas enmarcadas en la violencia institucional.

Apenas el 11 de marzo, su compañera de bancada, Liliana Gollas Trejo presentó una iniciativa para penalizar la revelación o difusión de imágenes o información de víctimas. Además que prevé agravantes cuando sea en perjuicio de niñas, adolescentes o mujeres, cuando sea cometido por servidores públicos.

Las sanciones que prevé son penas de entre 3 a 6 años de prisión, así como una multa de 50 a 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a casi 9 mil pesos.

Exhortan a FGJEM y SS

La Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad mexiquense fueron exhortadas por los diputados para que mejoren las estrategias que mantienen en materia de seguridad y los protocolos de protección, búsqueda y localización de víctimas de delitos.

El diputado de Morena, Alfredo González González presentó el exhorto que fue aprobado por unanimidad donde hizo referencia a que datos de diversos informes refieren que la violencia de género incrementó 24.7 por ciento; se comenten menos asesinatos dentro del hogar y más en espacio públicos y con más frecuencia con arma de fuego.

«Las cifras oficiales entre 2019 y 2020 tuvieron un incremento de 13.8 por ciento los asesinatos de mujeres perpetrados con arma de fuego, mientras que el uso de otro tipo de medios tuvo una disminución», dijo.

Ante la ola de violencia, aseguró que los municipios están obligados a asumir su responsabilidad y poner en los puestos a gente capaz, estrategias y una buena atención a la población, dar información a la Secretaría de Seguridad actualizada, entre otros.

ASME