¿Quién es Carlota “N”? La historia de la mujer que seguirá su proceso en Iztapalapa

Una jueza de control del Distrito Judicial de Chalco determinó modificar la medida cautelar impuesta a Carlota “N”, conocida como “doña Carlota”, quien hace un año fue señalada por el asesinato de dos presuntos invasores, de 51 y 19 años de edad, en un inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en la colonia Candelaria Tlapala, propiedad de su hija. La mujer, de 74 años, dejará el internamiento en prisión preventiva para continuar su proceso bajo resguardo domiciliario.

Sustituye juez prisión preventiva a Carlota “N” en Chalco; seguirá su proceso en casa

La resolución judicial se originó a partir del cumplimiento de un amparo, mediante el cual se ordenó revisar las condiciones en que la imputada enfrentaba el proceso penal. Tras esa revisión, la autoridad consideró procedente que la medida privativa de la libertad se cumpla en su domicilio, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, aunque bajo estrictos mecanismos de supervisión.

Entre las condiciones impuestas por el órgano jurisdiccional se encuentra el pago de una garantía económica de 250 mil pesos, la prohibición de salir del país y la colocación de un dispositivo electrónico de localización. Estas medidas buscan garantizar que la imputada permanezca a disposición de la autoridad y asegurar el seguimiento puntual del proceso penal en su contra.

De acuerdo con la defensa, la solicitud para sustituir la prisión preventiva había sido planteada previamente, al considerar la edad de la mujer y su estado de salud. Señalaron que Carlota “N” padece diabetes, condición que se habría complicado durante su estancia en prisión. No obstante, en una primera instancia, el juez que conocía del caso negó la modificación de la medida cautelar, por lo que su equipo legal promovió un amparo para impugnar esa determinación.

El cumplimiento del amparo

En el mismo proceso, sus hijos, Mariana “N” y Eduardo “N”, permanecen sujetos a prisión preventiva, también relacionados con los hechos ocurridos en el inmueble en disputa.

Los abogados Miguel Ángel López Suárez y Olivia Rubio Rodríguez, quienes integran la defensa, señalaron que la resolución representa un avance en el respeto al debido proceso y en la protección de los derechos humanos de las personas sometidas a investigación penal. Añadieron que la medida cautelar domiciliaria no implica la conclusión del proceso, sino una forma distinta de garantizar la presencia de la imputada ante la autoridad judicial.

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