Diputados avalan tipificar y penar narcoimpuestos
A cinco meses de haber sido enviada la iniciativa por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), diputados avalaron en comisiones castigar hasta con 10 años de cárcel la extorsión a comercio a partir de elevar, imponer u obligar la compra de artículos, bienes servicios o mercancías.
La propuesta que busca reformar el Código Penal mexiquense avanzó en la comisión de Procuración y Administración de Justicia. Ahora deberá subir al pleno para su aval y posterior promulgación.
Castigarán extorsión a comercio en Edomex
La sanción para dicha conducta prevé de 6 y 10 años de prisión, aunque con la agravante si son integrantes de la delincuencia organizada o servidores públicos.
Pero también se impondrá de mil a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
La reforma que integró la FGJEM estableció que se castigará penalmente a quien por medio de la violencia obligue a personas o unidad económica a comprar, obtener o adquirir de otra persona, comercio o empresa determinados bienes, insumos, mercancías o servicios para su giro comercial.
Imponer o fijar un precio mayor también será sanción
De igual manera, el distribuir o vender bienes, insumos, mercancías o servicios a personas o empresas determinadas o imponer o fijar en una localidad o región un precio mayor por encima del mercado para la venta de bienes, mercancías o insumos o para la prestación de un servicio.
La FGJEM reconoció que está práctica es cometida por la delincuencia organizada y va a la alza, principalmente, en la región norte y sur del Estado de México, donde la víctima es a quien se dedica al comercio.
Previo a su aprobación, el presidente de la comisión de Procuración y Administración de Justicia, Gerardo Ulloa Pérez, resaltó la importancia de actualizar la ley conforme a la realidad social, y en la normatividad se ve por el comerciante.
Y destacó que el trabajo entregado ahora permitirá que las autoridades de seguridad y justicia enfrenten y atiendan dicha conducta delictiva.
Lamentó que la conducta no sólo afecta la libertad e integridad de los comerciantes, sino a los consumidores finales al resentir el alza de precios.
SPM
