Chapingo: pide juicio político contra fiscal general del Edomex
La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó que recurrió al Congreso del Estado de México para demandar juicio político contra el Fiscal General José Luis Cervantes Martínez, derivado del cateo realizado en la institución el pasado 5 de febrero con la intención de cumplimentar orden de aprehensión del rector.
Chapingo pide juicio político contra fiscal general del Edoméx
La institución señaló que con la representación del despacho jurídico Gabriel Regino, hizo la solicitud este lunes 4 de marzo.
Pidió a las autoridades correspondientes realizar las diligencias para el esclarecimiento de actuación y determinación de la responsabilidad del funcionario público demandado.
En su comunicado calificó de violenta, la incursión hecha ese día por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con la participación de la Fiscalía Regional del Estado de México en Texcoco, la Policía de Investigación del Estado de México y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México.
“Dicha demanda parte de la existan de la violación a los derechos humanos de la comunidad universitaria y de la violación del respeto al principio de autonomía de la Universidad Autónoma Chapingo en apego a los artículos 108, 109, fracción I y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, 6°, 7°, 8°, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; en relación con los numerales 130, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; así como 213, 214, fracción VI, 215 y 216 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios”, argumentó.
Acciones legales
La Universidad señaló que derivado de la Sesión Extraordinaria N° 1231, que se celebró el 6 de febrero de 2024, y en apego al ACUERDO N° 1231-4, el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Chapingo, se toman acciones legales y se aclaran parte de los hechos que han pasado inadvertidos.
“Es importante señalar que en ningún momento mostraron si contaban con algún mandato que les permitiera ingresar al recinto educativo, mucho menos señalaron qué autoridad en su caso autorizó dicho ingreso.
Durante este ingreso violento los agentes policiacos en todo momento portaron armas de alto calibre, atemorizando a la comunidad estudiantil provocando agresiones y crisis de pánico. Por otro lado, las autoridades involucradas dañaron el patrimonio artístico de la Universidad, al ingresar por la fuerza al Edificio de la Rectoría”, refiere el comunicado.
También expuso que esperan de las autoridades el respeto a los derechos legales y constitucionales de los ciudadanos y las instituciones educativas, garantizando un equilibrio adecuado entre el ejercicio de la ley y la preservación de los valores fundamentales del país.
