Coaliciones electorales indefinidas

A menos de tres semanas de vencer el plazo para registrar las posibles coaliciones, que disputarían la gubernatura del Estado de México en 2023, los principales partidos aspirantes a conquistar ese cargo, PRI y Morena, no han definido a sus aliados para la respectiva contienda electoral. No lo han logrado por la cantidad de intereses en juego. Se trata de la entidad más poblada y con más electores en el país, que en 2022 tuvo un presupuesto público de más de 322 mil millones de pesos, lo cual resulta muy atractivo para los competidores.

Obviamente el PRI está haciendo todo lo posible para mantenerse en el cargo. Casi concreta su coalición con el PAN y el PRD, pero también hace esfuerzos para atraer a uno de sus antiguos aliados: el PVEM. La semana pasada el dirigente estatal de ese partido, José A. Couttolenc, declaró que no descarta una coalición con el PRI. Además, los priistas están haciendo lo posible para sumar a un partido local, el PANAL, que en 2021 se alió con Morena, pero ahora está indefinido. Su pasado filo priista pesa en la decisión.

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Por el lado de Morena también hay dudas. Incluso su más fiel aliado, el PT, presiona para concretar la coalición electoral, obviamente en condiciones favorables para el partido controlado por Óscar González. Los petistas han mostrado su impaciencia. Le advierten a Morena, veladamente, que las encuestas a su favor pueden modificarse si toma la competencia “como un día de campo” o si no asume con seriedad una política de alianzas con ellos o con el PVEM, el cual incluso amenaza con competir solo.

Debe recordarse que las encuestas son mediciones útiles, pero no aseguran anticipadamente triunfos electorales. No es la primera vez que los priistas iniciarán una campaña con desventaja. En 2005 las primeras encuestas daban como amplio favorito a Rubén Mendoza Ayala, candidato del PAN, quien terminó perdiendo de forma abrumadora frente a Enrique Peña Nieto. En 2017 Josefina Vázquez Mota, también del PAN, comenzó como favorita y terminó en tercer lugar. ¿Qué hicieron el gobierno y el PRI para revertir esas desventajas?

Ambos usaron todos los recursos ilícitos, especialmente del aparato de “impartición de justicia”. El gobierno estatal le inició acciones penales a Mendoza, por una muerte no esclarecida de un político local y le abrió carpetas de investigación por pederastia. Eso fue suficiente para doblegarlo, más una fuerte cantidad de dinero. Con Vázquez Mota pasó algo similar. La PGR acusó a su familia de lavado de dinero. Después de que la campaña de ella decayó, casualmente les retiraron los cargos.

Esas no fueron las únicas acciones para asegurar el triunfo del PRI en 2017. Los operadores del PRI compraron a muchos dirigentes partidistas “opositores”, incluidos varios de Morena, para garantizar su silencio frente a las irregularidades ocurridas en los comicios. Por si eso fuera insuficiente hubo muchas visitas de secretarios de Estado, para repartir recursos a través de programas sociales, compra y coacción de voto, y terrorismo electoral, entre otras prácticas fraudulentas.

Este es un escenario que podría repetirse en 2023. El gobierno estatal cuenta para eso con el control del IEEM y del TEEM, y de la actuación omisa de la junta local del INE, dirigida por Joaquín Rubio, igual que en 2017. A partir de enero se pondrá en marcha uno de los aparatos más eficaces para manipular votos, el cual tiene muchos cómplices entre funcionarios electorales y dirigentes “opositores”.

TAR