Cobro de piso es generalizado en el sur del Edomex
La ciudadanía y comercio de Tejupilco, Amanalco y Tonatico, no sólo no se sienten protegidos por las corporaciones de seguridad de sus municipios, sino ha aumentado su miedo frente a estas, pues asumieron funciones de cobro de derecho de piso (extorsiones basadas en amenazas de daño personal) y de halcones (vigilantes, informantes y espías) de las células criminales de La Familia Michoacana.
El operativo Enjambre dio a conocer la red de impunidad con la que la delincuencia ha filtrado a las autoridades municipales mexiquenses, al grado de convertirse en parte de su estructura para delinquir.
Testimonios de víctimas y ciudadanía general, dieron solidez a las carpetas de investigación emprendidas contra la alcaldesa de Amanalco, María Elena “N”, y su director de seguridad, Manuel “N”; el mando policiaco de Tejupilco, Eraclio “N”; y el presidente honorífico del DIF de Tonatico, Ellery “N”, por homicidio, secuestro o extorsión.
En la región sureña de la entidad, el grupo delictivo de La Familia Michoacana cobra la cuota de cobro de derecho entre los municipios, es compartida; para el comercio formal o ambulante es generalizada, de 10% del total de ventas, o el equivalente a mil pesos semanales.
Para el caso de las autoridades municipales infiltradas o que han sido entregadas al grupo delictivo como Amanalco, los pagos son de un millón 300 mil pesos trimestralmente a cargo del erario; 100 mil pesos por cada acuerdo de Cabildo; y hasta 20% del costo por cada obra pública.
La ciudadanía y comercio de Tejupilco, Amanalco y Tonatico, sabe de lo que sucede, pero omite denunciar por el temor de ser privadas de la vida de manera violenta por el crimen organizado.
El Ministerio Público exhibió ante jueces que los mandos de seguridad de Tejupilco y Amanalco, Eraclio “N” y Manuel “N”, respectivamente, quienes de manera personal infundían miedo entre el comercio ambulante y recogían las extorsiones que obtenían bajo las amenazas de que además de su cargo público, eran parte de La Familia Michoacana.
Las víctimas que se atrevieron a denunciarlos comparten perfiles, son mujeres que fueron abandonas o violentadas por su pareja; que provienen de otras demarcaciones, de escasos recursos y se vieron obligadas a vender aguas frescas y cócteles, o postres, y que tenían ventas o eran queridas por la comunidad.
Según las víctimas, ambos ex funcionarios, utilizaban con impunidad sus uniformes, patrullas y arma de cargo, para violentarlas, amenazarlas, vejarlas y quitarles sus ingresos; y dentro de sus corporaciones tejieron una red de policías cómplices que les ayudaban con las tareas encomendadas por el cártel.
Los mismos comerciantes advertían a los nuevos vendedores que debían ceder para pagar la cuota y evitar problemas, además de la obligación de comprar ciertos productos en un solo lugar.
El personal de la Fiscalía General de Justicia no logró que la ciudadanía formalizara las denuncias, pero conocían del ambiente de violencia, incidencia delictiva y la forma de operar las autoridades bajo el mando de la Familia Michoacana.
Confirmaron que se imponían pagos extra a productos de la canasta básica que eran re etiquetados con una figura de fresa o pez, los alias conocidos de los hermanos Hurtado Olascoaga, miembros de la familia michoacana.
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TAR
