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Advierte que la propuesta enviada por al plantea cambios de gran calado que podrían restringir suspensiones en megaproyectos y volver más técnico el acceso a la justicia
El presidente del Colegio de Abogados del Estado de México, José Carlos Neyra Cruz, consideró que la iniciativa de reforma a la enviada por la presidenta al representa un cambio profundo en el sistema de justicia mexicana y podría ser “tan trascendente como la reforma constitucional de 2012”, pero advirtió que requiere ser discutida a fondo antes de su eventual aprobación.
Colegio de Abogados del Edomex analizan términos ante Ley de Amparo
Destacó que la propuesta retoma varios elementos de la reforma de 2011, entre ellos la incorporación obligatoria del juicio de amparo en formato digital.
Sin embargo, advirtió que debe atenderse la brecha digital, pues “aunque va en línea con la política de ampliar el acceso a dispositivos e Internet, podría excluir a sectores que no cuentan con esas herramientas”.
En entrevista, Neyra Cruz subrayó que uno de los aspectos más delicados es la restricción para otorgar suspensiones en “proyectos o programas de interés social nacional”, una figura que en el debate académico se asocia con los denominados megaproyectos. Alertó que esta disposición obligará a precisar conceptos clave que hoy son ambiguos, como “interés social”, “interés nacional”, “seguridad nacional”, “integridad” y “daño irreparable”.
Recordó que uno de los cuestionamientos a administraciones pasadas del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era el amplio margen para interpretar la ley, por lo que ahora será indispensable definir esos términos de forma clara, pero esto deberá ser antes de aprobar la reforma.
“De ello dependerá si se otorgan o no suspensiones y en qué condiciones”, advirtió.
El jurista explicó que la iniciativa abandona el principio “erga omnes”, que significa “respecto a todos”, la cual permitía extender los efectos de un amparo a todas las personas en situaciones semejantes, para establecer que cada juicio tendrá efectos únicamente para quien lo promueva.
Además, incorpora referencias a delitos como el lavado de dinero y vincula la reforma con el Objetivo 16 de la sobre paz, justicia e instituciones sólidas.
También destacó que la propuesta cita resoluciones de la y que, por su profundidad, implicará rediseñar criterios judiciales.
“Necesitamos entender muy bien qué es daño, qué es afectación directa o personal, qué es un daño irreparable”, puntualizó.
Acceso directo y litigio estratégico
Entre los cambios positivos, consideró acertado que cualquier persona pueda promover un amparo sin necesidad inicial de abogado, aunque propuso que exista una etapa de acompañamiento profesional para evitar que errores técnicos deriven en el desecho de demandas.
Advirtió además que el amparo es uno de los procedimientos más técnicos del derecho y que la reforma podría tener un impacto directo en el litigio estratégico, utilizado por colectivos y organizaciones civiles para defender derechos humanos.
“Estos procesos definen el rumbo jurídico de los derechos fundamentales; por eso es vital analizar cómo se verán afectados”, dijo.
Neyra Cruz señaló que el momento para debatir la iniciativa será durante el proceso legislativo en el Senado de la República, donde se podrán plantear críticas y propuestas.
Consideró que no se realizaron foros de consulta previos porque la iniciativa surge en medio de los recientes cambios estructurales en el Poder Judicial Federal y habría sido contraproducente discutirla con la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Insistió en que más que acelerar los plazos de resolución de los amparos, debe definirse con claridad bajo qué condiciones se otorgarán las suspensiones y cuáles serán sus efectos a futuro.
“Lo que está en juego son derechos fundamentales y la protección de la vida y la salud de las personas”, recalcó.
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SPM
