La Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México hizo un llamado urgente a los alcaldes de Atizapán y Jilotzingo para evitar confrontaciones entre habitantes, mientras se determina oficialmente a qué municipio pertenece la comunidad de Rancho Blanco.
Román Cortés Lugo, presidente de dicha comisión, exhortó a ambos gobiernos municipales a respetar los cauces institucionales y no incitar a la población a generar conflictos.
“Ya se está trabajando en el análisis legal, histórico y administrativo. El dictamen será emitido por la Comisión Legislativa, y debe garantizar que no se afecte a los ciudadanos”, afirmó.
Litigio por Rancho Blanco entre Atizapán y Jilotzingo
El litigio por Rancho Blanco, lleva más de 13 años sin resolverse. Cortés Lugo confirmó que ambos alcaldes ya se presentaron ante la comisión y que el caso será dictaminado en próximos meses.
“Nos hemos reunido con Pedro Rodríguez, alcalde de Atizapán, quien ha solicitado que se respete la zona como parte de su municipio”, señaló.
Uno de los puntos más polémicos es el desarrollo inmobiliario en la zona. Carlos Madrazo Limón, primer regidor y exalcalde de Atizapán, aseguró que Rancho Blanco pertenece a Atizapán y denunció que se están construyendo viviendas sin licencia en una zona boscosa.
“Jilotzingo no tiene capacidad para brindar servicios como agua, transporte o seguridad. Es Atizapán quien puede hacerlo”, declaró.
Madrazo advirtió que se trata de una extensión de aproximadamente 350 hectáreas, incluyendo parte del cerro Chiluca, Club de Golf Valle Escondido y fraccionamientos de Zona Esmeralda.
“Se están talando árboles de forma indiscriminada. Se habla de más de 40 mil viviendas en edificios. Esto pone en riesgo nuestros acuíferos”, alertó.
El proyecto “Bosque Diamante”, actualmente suspendido judicialmente, ha sido señalado por autoridades de Jilotzingo como una amenaza ambiental.
Jilotzingo señala que Rancho Blanco le pertenece
Por su parte, el alcalde Raziel Chavarría, del PVEM, afirmó que Rancho Blanco históricamente ha pertenecido a Jilotzingo, donde los habitantes pagan impuestos y reciben servicios. “La continuidad geográfica y el arraigo comunitario nos respaldan”, dijo.
Chavarría también criticó las declaraciones de la síndica Leylany Richard, presidenta de la Comisión Legislativa de Límites Territoriales de Atizapán, acusándola de desconocer el tema. “Vamos a defender Rancho Blanco con argumentos sólidos”, aseguró.
Comisión Legislativa de Límites Territoriales emitirá dictamen final
Mientras, que el presidente municipal de Atizapán, Pedro Rodríguez Villegas, ha mantenido una postura reservada. Reconoció que el desarrollo de más de 20 mil viviendas está suspendido y que el conflicto está siendo revisado por el Instituto de Información Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM). No ha emitido una declaración directa sobre la pertenencia territorial de Rancho Blanco.
La Comisión Legislativa de Límites Territoriales será la encargada de emitir el dictamen definitivo. Mientras tanto, se pide a ambas partes evitar presiones externas y respetar el proceso legal. El futuro de miles de habitantes y el equilibrio ambiental de la región están en juego.
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MPH