Condado de Sayavedra enfrenta inseguridad respaldada por el gobierno de Atizapán; denuncian vecinos

Norma Ochoa de Fajardo, presidenta legítima de la Asociación de Colonos del Condado de Sayavedra, reconocida por un juez federal desde 2022, denunció que la zona residencial de Atizapán atraviesa una crisis de inseguridad sin precedentes.

Durante décadas, Sayavedra fue considerado un espacio seguro y exclusivo, pues el acceso estaba restringido y no se permitía el tránsito libre de personas ajenas.

Sin embargo, Ochoa advirtió que actualmente circulan motocicletas y vehículos particulares sin autorización, lo que ha derivado en robos a residencias, invasiones y despojos de predios.

Gobierno de Atizapán respalda inseguridad en Condado de Sayavedra

La dirigente señaló que un individuo identificado como Martín Meza Villafuerte se ostenta como jefe de seguridad y controla el acceso a la zona con respaldo de expresidentes municipales y del actual alcalde, Pedro Rodríguez Villegas. “Hacen y deshacen, y nadie los detiene”, expresó.

Vecinos han documentado la entrada de personas desconocidas durante las madrugadas, motociclistas que rondan las calles y sujetos que vigilan las casas.

El robo más reciente ocurrió en la calle Lincoln, mientras que otro atraco de gran magnitud se registró el día del partido entre México y Ecuador, en la cuarta sección del fraccionamiento.

Ochoa subrayó que las plumas de acceso se utilizan de manera discrecional, principalmente para castigar a colonos que se oponen a la administración o que no pagan cuotas de mantenimiento.

“El fraccionamiento, que siempre estuvo cerrado, ahora se abrió como paso hacia rancherías y comunidades cercanas, con el único fin de incrementar ganancias”, lamentó.

Comunidad de Sayavedra teme por aumento de delitos

La presidenta de la Asociación de Colonos aseguró que han recurrido al Gobierno del municipio, pero ninguna autoridad ha atendido las denuncias.

“Minimizan la inseguridad y argumentan que los responsables son trabajadores domésticos, cuando la realidad es mucho más grave”, afirmó.

Respecto a su legitimidad, recordó que su nombramiento fue avalado por un juez federal y por personal de un juzgado que asistió a la asamblea de 2022. No obstante, grupos opositores han promovido recursos de nulidad contra la asamblea y su presidencia.

“El juicio lleva tres etapas: en las dos primeras nos afectaron por corrupción de abogados, pero actualmente estamos en amparo. Mientras no haya sentencia definitiva, sigo siendo la presidenta legítima”, puntualizó.

La comunidad de Sayavedra teme que la ola de ventas y despojos continúe sin que se visibilice la magnitud de la inseguridad. “Ocultan la información y cada día los casos aumentan. Es muy difícil saber cuántos, pero la preocupación es real y creciente”, concluyó Ochoa.

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MPH