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El Congreso del Estado de México dio su aval a la reforma del artículo 127 de la Constitución federal con la que se fija un límite a pensiones y jubilaciones del personal de confianza de organismos públicos, empresas del Estado, fideicomisos y entidades paraestatales, tanto federales como locales.
La modificación establece que esos ingresos no podrán rebasar la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal, y ordena además que las pensiones ya otorgadas que excedan ese monto deberán ajustarse al nuevo tope, salvo los casos expresamente excluidos.
Entre las excepciones quedaron el personal de las Fuerzas Armadas
La minuta, remitida a las legislaturas estatales por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, también precisa que ningún instrumento jurídico podrá fijar condiciones por encima de ese límite y concede un plazo de 90 días naturales para que el Congreso federal y los congresos locales revisen y adecuen su marco normativo.
Entre las excepciones quedaron el personal de las Fuerzas Armadas, las pensiones construidas con aportaciones voluntarias en cuentas individuales, los esquemas complementarios sostenidos con aportaciones sindicales y la pensión no contributiva prevista en el artículo cuarto constitucional.
La ruta de esta reforma arrancó en el Senado. El 11 de marzo, la cámara alta aprobó por unanimidad el proyecto para frenar las llamadas pensiones doradas de exfuncionarios y altos mandos de confianza de entidades como Pemex, CFE, banca de desarrollo y otros entes públicos.
La votación fue de 116 sufragios a favor en lo general y de 109 votos favorables con 6 abstenciones en lo particular, tras un debate en el que se sostuvo que había jubilaciones que llegaban incluso a montos cercanos o superiores al millón de pesos mensuales.
La minuta pasó después a la Cámara de Diputados, donde fue aprobada el 25 de marzo. En San Lázaro recibió 458 votos en favor en lo general; en lo particular alcanzó la mayoría calificada con 363 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones. La discusión no estuvo exenta de tensión: afuera del recinto se manifestaron jubilados de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, preocupados por el efecto retroactivo de la medida sobre derechos ya adquiridos.
reforma federal para poner tope a pensiones del sector público
Ese punto fue justamente uno de los más polémicos del proceso. La reforma no sólo fija un techo hacia adelante, sino que ordena revisar y reducir las jubilaciones vigentes que queden por encima del nuevo límite, con excepción de los esquemas excluidos en el propio texto constitucional. Para el oficialismo, se trata de una corrección a privilegios financiados con recursos públicos; para sus críticos, abre una disputa jurídica sobre la retroactividad y el alcance de los derechos laborales consolidados.
El aval mexiquense se inscribió en la etapa final del Constituyente Permanente. De hecho, la Cámara de Diputados federal declaró ya la constitucionalidad de la reforma después de recibir el respaldo de 20 congresos estatales, con lo que el cambio quedó en ruta para su promulgación.
Con su voto, la Legislatura mexiquense se sumó a una reforma presentada por el bloque gobernante como parte de la austeridad republicana, pero que tocará una fibra especialmente delicada: la de los ingresos de retiro de la alta burocracia y los márgenes legales del Estado para recortarlos incluso cuando ya están en curso.
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