Congreso mexiquense reabre conflicto territorial entre Jilotzingo y Atizapán

El Estado de México se prepara para enfrentar uno de los conflictos territoriales más antiguos y polémicos de su historia reciente: la disputa de límites entre los municipios de Jilotzingo y Atizapán, un diferendo que involucra cientos de hectáreas y que ha marcado la vida política, social y económica de la región durante décadas.

Jilotzingo y Atizapán enfrentan conflicto territorial de más de 40 años

Habitantes de Jilotzingo, entre ellos el ejidatario Rafael Colmenares, aseguran que su municipio ha sido despojado de importantes extensiones de tierra en administraciones pasadas, entre ellas el ejido Espíritu Santo y otras zonas de alto valor ecológico.

Por su parte, el regidor Carlos Madrazo señaló que Atizapán reclama hasta 700 hectáreas como parte de su jurisdicción, lo que ha generado tensiones constantes entre ambas localidades.

Se destacó que, lamentablemente, en los terrenos en disputa se han construido más de 500 viviendas.

Una vez que se defina a qué municipio pertenecen, será necesario revisar la documentación de los propietarios y determinar la jurisdicción correspondiente.

Asimismo, se subrayó la urgencia de establecer con claridad la propiedad de esas hectáreas, a fin de garantizar un control adecuado en las autorizaciones y evitar irregularidades.

La controversia, que parecía olvidada, volvió a la agenda pública tras ser expuesta ante el Congreso del Estado de México, donde la Comisión Legislativa de Límites Territoriales acordó iniciar un análisis formal en este mes de enero.

El objetivo es emitir una resolución técnica y legal que ponga fin a un problema que ha trascendido generaciones.

La disputa no es nueva, desde hace más de 40 años, Jilotzingo y Atizapán han mantenido diferencias sobre la delimitación de sus fronteras municipales.

El tema involucra no solo mapas y documentos oficiales, sino también la identidad de comunidades enteras que se sienten parte de un municipio y no del otro.

Más de 500 viviendas en medio del conflicto

Los habitantes de Jilotzingo argumentan que la pérdida de territorio ha significado también la reducción de ingresos por recaudación, la falta de acceso a servicios básicos y la fragmentación de zonas de conservación ambiental. Atizapán, en cambio, sostiene que las hectáreas reclamadas forman parte legítima de su territorio y que su administración ha invertido recursos en infraestructura y urbanización en esas áreas.

Más allá de los límites en los mapas, el conflicto tiene repercusiones directas en la vida cotidiana. Las tierras en disputa son estratégicas para el desarrollo urbano, la planeación de servicios públicos y la preservación de áreas naturales.

• Servicios públicos: vecinos denuncian que la indefinición provoca duplicidad o ausencia de servicios como agua potable, alumbrado y seguridad.
• Recaudación fiscal: ambos municipios reclaman derechos de cobro de impuestos y contribuciones, generando incertidumbre entre los habitantes.
• Medio ambiente: Jilotzingo, considerado uno de los pulmones verdes del Valle de México, teme que la urbanización avance sobre zonas de conservación ecológica.

La Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Congreso mexiquense será la encargada de revisar documentos históricos, estudios técnicos y testimonios de ambas partes. El reto es enorme: dar certeza jurídica a un conflicto que ha sido postergado por décadas y que involucra intereses políticos, económicos y sociales.

El inicio del análisis en enero marca un punto de inflexión. Por primera vez en años, existe la posibilidad de que una instancia legislativa emita una resolución definitiva que ponga fin a la disputa. Sin embargo, especialistas advierten que el proceso podría prolongarse, dado que las evidencias históricas y los reclamos comunitarios son complejos y, en muchos casos, contradictorios.

En Jilotzingo, los habitantes esperan que el Congreso reconozca su derecho a recuperar las tierras que consideran propias. En Atizapán, la expectativa es que se ratifique la posesión de las hectáreas reclamadas y se garantice la continuidad de proyectos urbanos.

Mientras tanto, la tensión se mantiene. Vecinos de ambos municipios han manifestado que no permitirán decisiones que desconozcan su identidad territorial. El desenlace, aseguran, marcará el futuro de la región y podría sentar un precedente para otros conflictos similares en el Estado de México.

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SPM