El diputado Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, reconoció que el incremento de dos pesos a la tarifa del transporte público genera inconformidad social, pero sostuvo que se trata de una decisión de carácter administrativo que no depende de la Legislatura y que el Gobierno del Estado asume “como una responsabilidad y no como un costo político”.
Incremento de dos pesos a la tarifa del transporte público genera inconformidad social
Al referirse a la entrada en vigor del ajuste tarifario, que fue de 12 a los 14 pesos en un traslado mínimo, el legislador explicó que el acuerdo fue emitido por la Secretaría de Movilidad y no requiere aprobación del Congreso, pues se trata de una atribución exclusiva del Ejecutivo estatal. “El incremento no pasa por la Legislatura. Es una facultad de la Secretaría. Sabemos del costo social, pero también de la presión de los concesionarios para mejorar el servicio. La parte esencial es que los usuarios vean los resultados: seguridad, unidades nuevas y un mejor servicio”, apuntó.
Vázquez Rodríguez admitió que toda medida de esta naturaleza “genera rechazo porque afecta el bolsillo”, pero confió en que el alza se traduzca en mejoras tangibles para los pasajeros. “Creemos que el incremento debe emparejarse con un servicio digno y eficiente. No se trata de trasladar el costo político, sino de asumir la responsabilidad como gobierno para presionar a los concesionarios a cumplir con lo que corresponde”, sostuvo.
El coordinador morenista descartó que el Congreso cite a comparecer al secretario de Movilidad, aunque no descartó reuniones de trabajo para conocer los criterios técnicos que sustentaron el aumento. “No se trata de hacer del tema una disputa política. Más que comparecencias, se requieren explicaciones claras y compromiso de cumplimiento. Somos un mismo equipo: gobierno y Legislatura”, dijo.
Criterios técnicos que sustentan el aumento del transporte público
Vázquez señaló que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez “tiene la responsabilidad y la cercanía para dar la cara ante la ciudadanía”, y aseguró que la administración estatal mantiene una política de diálogo con los transportistas, enfocada en la modernización de las unidades, seguridad y chatarrización.
Enfatizó que el reto es doble: mejorar el transporte público y atender las condiciones de vialidad, seguridad y regulación del servicio, incluyendo taxis colectivos y plataformas digitales. “La ley de transporte debe revisarse. Donde no están permitidos, están prohibidos, y eso debe regularse. Es parte de las tareas pendientes”, expresó.
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