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En el Estado de México, la percepción de la corrupción se mantiene en niveles críticos: siete de cada 10 personas consideran que este fenómeno está “muy extendido” en los gobiernos municipales, dependencias estatales y corporaciones policiales, de acuerdo con el Diagnóstico sobre la Percepción de la Corrupción 2024, elaborado por el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM).
Entre los servidores públicos que más generan desconfianza en la ciudadanía están los integrantes de cuerpos policiales y de seguridad
El documento señala que la percepción ciudadana prácticamente no ha variado respecto a 2022, cuando 70.8% de la población consideraba la corrupción un problema grave.
En 2024, año en que se realizó este estudio presentado este viernes, la cifra se elevó a 71.4%, lo que confirma el estancamiento de las políticas públicas en materia de integridad.
Los ayuntamientos son los más señalados en este diagnóstico: 76% de los encuestados considera que son instituciones corruptas o poco transparentes, seguidos por las dependencias estatales, con 68%, y las corporaciones policiales, con 66%. Entre las áreas más cuestionadas figuran las encargadas de obras públicas, desarrollo urbano, finanzas y tránsito.
Un 53% de la población cree que para agilizar un trámite es necesario ofrecer dinero o favores, y 48% opina que las sanciones son inexistentes o ineficaces.
En comparación con 2022, la percepción de corrupción creció cuatro puntos en los municipios y dos en las dependencias estatales. El único descenso, aunque marginal, se dio en el Poder Judicial, que pasó de 62 a 59%.
Corrupción por región
La percepción varía según la región: en el Valle de México el nivel de desconfianza es de 74%, en el Valle de Toluca de 69% y en la zona sur de 63%.1 Los municipios metropolitanos concentran las críticas más severas del diagnóstico, vinculadas a la seguridad, los servicios públicos y el transporte.
El 68% de la población encuestada afirma haber presenciado o conocido un acto de corrupción, pero sólo 12% lo denunció. De ese grupo, la mitad no recibió respuesta. El temor a represalias, con 26%, y la desconfianza en las autoridades, 41%, son las principales razones de los participantes para no denunciar actos de corrupción.
En materia de género, las mujeres identifican más corrupción en los servicios de salud y educación, con 45%, mientras que los hombres la asocian con policías y tránsito, en 52%. El estudio documenta un fenómeno de “corrupción con sesgo de género”, en que 37% de las mujeres reconoció haber sufrido o conocido solicitudes indebidas vinculadas con favores personales.
Las personas jóvenes y con menor escolaridad son los grupos que muestran más desconfianza a las autoridades. Entre quienes sólo cursaron educación básica, 72% desconfía del gobierno, mientras que en la población universitaria el porcentaje baja a 64%. Apenas 9% conoce el SAEMM y solo 4% puede identificar alguna de sus instituciones.
Sobre los temas de transparencia y rendición de cuentas, ocho de cada diez personas creen que los gobiernos locales no informan cómo gastan el dinero público, y siete de cada 10 califican los portales de transparencia como inútiles.
En materia de obra pública, 64% piensa que las licitaciones están arregladas y 59% que las auditorías “no sirven para nada”.
Recomendaciones
El SAEMM plantea reforzar la educación cívica, profesionalizar los órganos de control municipal, crear un sistema de protección a denunciantes y una red ciudadana de vigilancia presupuestal, además de mejorar la coordinación entre la Contraloría, la Auditoría Superior, la Fiscalía Anticorrupción y los municipios.
El organismo advierte que la corrupción no sólo debilita la confianza social, sino que frena el desarrollo económico y la inversión en la entidad. Según el Sistema, el diagnóstico servirá como base para actualizar la política estatal anticorrupción y para medir avances con indicadores verificables.
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