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La deuda por juicios laborales se ha convertido en una auténtica bomba de tiempo para los municipios del Estado de México. El 80% de los procesos se pierden debido a carpetas mal integradas, falta de seguimiento y estrategias jurídicas deficientes.
El resultado son embargos de cuentas bancarias que dejan a los ayuntamientos sin recursos para obras públicas, servicios básicos, pago de aguinaldos y otras obligaciones administrativas.
Laudos laborales en el Edomex
El secretario del Trabajo estatal, Norberto Morales Poblete, reconoció que la situación es crítica y lanzó un llamado urgente a los 125 alcaldes mexiquenses para enfrentar el problema de manera conjunta.
- Actualmente, existen mil 980 juicios activos, que representan un pasivo de dos mil millones de pesos.
- Se tienen 32 mil juicios pendientes, de los cuales apenas tres mil han sido atendidos.
- Solo en 2025 se sumaron cinco mil nuevos casos, elevando la cifra total a 34 mil juicios laborales en curso.
Morales Poblete advirtió que esta carga financiera amenaza con convertirse en un lastre insostenible para los ayuntamientos, por lo que propuso una jornada de concertación que permita establecer rutas de solución y evitar que la problemática siga creciendo.
“No importa quién lo originó, toca resolverlo”. El funcionario estatal subrayó que muchos alcaldes argumentan que los conflictos laborales no se generaron en sus administraciones. Sin embargo, recordó que el ayuntamiento es una institución continua y que, independientemente de quién haya cometido los errores, corresponde a los actuales gobiernos municipales dar respuesta.
“Los laudos laborales no desaparecen porque cambie el presidente municipal. Hoy están al frente y les toca resolver”, enfatizó.
Mala praxis y tácticas dilatorias en despachos jurídicos
Morales Poblete criticó la contratación de despachos jurídicos que abandonan los casos o recurren a tácticas dilatorias, lo que termina por inflar las deudas hasta volverse impagables.
Reconoció que muchos problemas derivan de renuncias mal elaboradas, suspensiones laborales incorrectas o despidos sin fundamento legal, lo que provoca que los tribunales fallen en contra de los municipios.
“Nos acusan de mala voluntad, pero las leyes son claras. Los tribunales federales son los que ordenan los embargos, y la Comisión Nacional Bancaria ejecuta la suspensión de cuentas”, explicó.
El secretario reveló que existen casos extremos en los que los municipios deben pagar laudos de entre 25 y 50 millones de pesos, cifras que resultan imposibles de cubrir con los presupuestos locales.
Para contener la crisis, la Secretaría del Trabajo ha iniciado convenios con municipios como Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan y Ecatepec, con el objetivo de trazar rutas de solución y evitar que el problema se convierta en una carga insostenible.
Morales Poblete pidió a los alcaldes y organismos de gobierno asumir la responsabilidad y trabajar de manera coordinada:
“Son nuestros trabajadores y debemos atenderlos. No podemos permitir que esta situación siga creciendo. Necesitamos conciencia y compromiso para resolver juntos esta problemática.”
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MPH
