Por primera vez en nuestra historia contemporánea, la toga judicial dejará de ser símbolo de opacidad para convertirse en emblema de transparencia y democracia. Lo que antes se decidía en círculos reducidos, hoy, se abrirá al escrutinio público.
Las próximas votaciones para elegir a las personas juzgadoras marcarán un antes y un después en la relación entre ciudadanía y justicia.
La elección por voto popular de quienes impartirán justicia no solo representa una innovación institucional: es la puesta en práctica de los principios democráticos que tanto hemos demandado. Soberanía popular, participación ciudadana, rendición de cuentas, igualdad en el acceso a cargos públicos y publicidad de la información serán ahora parte del nuevo rostro de nuestro sistema de justicia.
Hoy, la historia se reescribe. Que la ciudadanía elija de forma directa a quienes resuelven controversias constitucionales, imparten sentencias penales o deciden sobre los derechos fundamentales, fortalece el tejido democrático de la nación.
En este nuevo modelo de justicia, la transparencia será protagonista. El proceso electoral permite que conozcamos públicamente las trayectorias, principios y propuestas de cada aspirante. Los debates, las campañas y la supervisión de organismos electorales autónomos garantizan que el proceso sea vigilado, documentado y abierto.
Con la transparencia también llega la rendición de cuentas. Quienes accedan a los cargos judiciales sabrán que no sólo responderán ante el marco legal, sino ante el juicio moral de la ciudadanía. Esta legitimidad social será su mayor compromiso.
Claro está, este modelo no está exento de desafíos. Requiere reglas claras, perfiles diversos –pero idóneos– observación rigurosa y una ciudadanía informada. Pero los beneficios superan con creces los riesgos.
En esta jornada democrática sin precedentes, los ciudadanos podrá elegir a 881 personas juzgadoras federales: nueve ministras y ministros de la Suprema Corte; dos magistraturas de Sala Superior y 15 de salas regionales del Tribunal Electoral; cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, así como 386 jueces de distrito y 464 magistrados de circuito.
Además de las elecciones federales, algunas entidades federativas también llevarán a cabo comicios judiciales locales para renovar cargos en sus poderes judiciales. Es una oportunidad histórica para que la justicia deje de ser asunto de élites. Para darnos voz y voto en algo que siempre debió pertenecernos.
Frente a quienes siembran apatía, promueven la abstención o insisten en que “nada cambia”, hoy tenemos la oportunidad de demostrar lo contrario. Respondamos con participación. Votar en estas elecciones es más que elegir personas: es decidir el tipo de justicia que queremos. Una justicia cercana, transparente y comprometida con los derechos de todas y todos.