Cuestionar lo que sabemos de la política hídrica

Es común que, en algunas corrientes de pensamiento de la economía, se den por sentado algunos conocimientos, como si fueran mantras o paradigmas que no son posibles de cambiar o siquiera cuestionar, como si a fuerza de repetirlos se convirtieran en ley, como ejemplo tenemos aquella máxima que nos repetían algunos profesores “el aumento de los salarios es inflacionario”, cuando la evidencia empírica ha demostrado que no es así. 

Como explicamos, ocurre en varias áreas de la ciencia, donde cada cierto tiempo dominan ciertas corrientes de pensamientos, y pocos se atreven a disentir o a cuestionar los “acuerdos” en los que la mayoría coinciden, veamos unos ejemplos en el subsector agua y saneamiento.

La responsabilidad de la prestación de los servicios, de acuerdo a la constitución,  debe ser municipal, y por tanto seguimos pidiendo que este orden de gobierno mejore la calidad en la prestación del servicio, y que salvo contadas excepciones, es casi imposible cumplir, con la delegación de esta competencia en 1982 y reforzada en 1999 no se previó la enorme responsabilidad de lo que ello implicaba. No debemos dejar de discutir el papel de los gobiernos locales en la gestión del agua del país y si es necesario modificar el Art. 115 de la Constitución, que otorga estas atribuciones a los municipios.

La falta de buenos servicios relacionados con el agua es por malas prácticas de los organismos operadores, si más de 95% de los organismos operadores del país tienen problemas para cumplir con el compromiso de brindar servicios de calidad, entonces el problema es estructural, debemos nuevamente atender las causas de fondo, y tal vez se encuentren en la debilidad institucional, financiera, técnica y de capacidades de muchos de nuestros municipios.

Los recursos económicos para lograr cumplir con los derechos humanos al agua y saneamiento deben provenir únicamente de las cuotas y tarifas que cobran los municipios, esto está fuera de toda realidad si te toma en cuenta las grandes inversiones que se requieren para lograrlo y la poca capacidad de pago de un gran porcentaje de la población, para lograrlo se requiere de todo un sistema financiero del agua, de una política fiscal de gran calado que garantice un buen sistema de subsidios y compensaciones, además claro, si así se decide, de un fortalecimiento de las haciendas públicas que hoy se ve muy difícil lograr en la mayoría de las demarcaciones.

La búsqueda de ampliar la oferta del recurso hídrico a toda costa para compensar el crecimiento de las ciudades, y por tanto de la demanda, esto es insostenible si se toma en cuenta que la disponibilidad del recurso cada vez es más escasa, debido al estrés hídrico, cambio climático y contaminación de los acuíferos, entro otros aspectos, se debe voltear a la gestión de la demanda, al correcto uso de los recursos y a una planeación de las actividades humanas de acuerdo a la factibilidad de la prestación de los servicios.

Con normas y leyes más estrictas se logrará mejorar la calidad de los servicios, si no viene acompañado de una corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad, sólo será letra muerta y el incumplimiento será generalizado, no basta con establecerlo en la carta magna si no se garantiza el fortalecimiento de quien sea el responsable directo y de la regulación y vigilancia adecuadas.

Sólo la participación privada puede compensar la falta de inversión en el subsector, la experiencia internacional indica que no es sostenible a largo plazo depender sólo de la participación privada, por supuesto que es deseable su participación, y que se debe y puede coadyuvar con las reglas establecidas por el sector público, de otra forma se puede llegar a casos no deseables como en algunos países que están optando desde hace ya algunas décadas por este modelo de gestión.

PAT

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