Declaranet; ¿Transformación o extinción?

Es 2025 y se les venció el plazo para presentar declaraciones patrimoniales y solo muy pocas entidades públicas, entre ellas los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como ciertos municipios y organismos autónomos, cumplieron con la obligación de cargar la información de sus servidores públicos en la Plataforma Digital Nacional (PDN) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Esta omisión no es menor: refleja la crisis estructural de coordinación entre instituciones encargadas de la transparencia, los órganos de control interno, los sistemas locales anticorrupción y los fiscalizadores del país.

El llamado “S1”, primer sistema de la PDN, fue concebido como la puerta de entrada a una nueva etapa de fiscalización pública digitalizada. Su función es integrar, en un solo sitio y bajo un modelo interoperable, la evolución patrimonial, los intereses y la constancia de presentación fiscal de todas las personas servidoras públicas. Pero en los hechos, el S1 quedó esperando más de 5 millones de declaraciones patrimoniales que debieron subirse este año. En cambio, esa información sigue dispersa en más de mil sistemas locales y formatos incompatibles, haciendo inoperable la revisión automatizada de los datos de la evolución patrimonial, lo que obliga, una vez más, a regresar a procesos manuales.

Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la declaratoria de inicio de operaciones del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y de Constancia de Presentación Fiscal (S1), todas las instituciones públicas, con atribuciones en materia de combate a la corrupción, están obligadas a interconectar sus bases de datos con esta plataforma. La meta es clara: lograr una fiscalización preventiva y eficaz, capaz de detectar inconsistencias, relaciones indebidas y posibles conflictos de interés a través del cruce inteligente de datos.

No obstante, la implementación avanza lentamente. A la fecha, 26 entidades federativas establecieron algún grado de interconexión con la PDN, pero el avance nacional del S1 apenas alcanza 29.43%. La falta de infraestructura tecnológica en muchos municipios y estados, sumada a la débil estructura institucional de los Sistemas Estatales Anticorrupción y a presupuestos insuficientes, limita el cumplimiento de esta obligación.

La consecuencia inmediata es que los beneficios prometidos por la plataforma —consultas sistemáticas, cruces automáticos o reducción de opacidad— no se materializan. La interconexión es incompleta, el uso es marginal y la capacidad de vigilancia permanece limitada.

El escenario es continuar a la antigua. Las declaraciones patrimoniales no son solo requisito administrativo, son insumo esencial para detectar irregularidades. Los Órganos Internos de Control deben analizar la evolución patrimonial de un grupo seleccionado de trabajadores para detectar discrepancias entre los ingresos reportados y el crecimiento patrimonial. El objetivo no es penalizar la multiplicidad de ingresos, es verificar su origen lícito. Cuando un funcionario no puede explicar de dónde provienen ciertos bienes, cuentas o inversiones, entonces se abre una investigación. Ocultar información patrimonial representa una falta administrativa grave, y el enriquecimiento ilícito constituye un delito penal.

Sin embargo, sin integración digital real, estos procesos se convierten en ejercicios meramente formales. La fiscalización sin interoperabilidad es como hacer auditoría a ciegas: lenta, costosa e ineficaz; lo que debería funcionar como un sistema de inteligencia institucional acaba reducido a un cúmulo de archivos que nadie puede procesar.

La crisis actual de la PDN también obliga a replantear la dimensión y la pertinencia del propio sistema. ¿Qué necesidad hay de exigir 5 millones de declaraciones patrimoniales cada año? Más de 90% de las personas obligadas a presentar su declaración son maestros rurales, policías, personal de intendencia, trabajadores de infraestructura o asistentes de enfermería. Todos ellos perciben ingresos tan bajos que ni siquiera rebasan los umbrales del SAT para presentar declaración fiscal.

El foco de interés real está en los mandos medios y altos, de dirección en adelante, donde hay toma de decisiones, manejo de presupuesto, firma de contratos o influencia en procesos de adquisición y obra pública. En esos niveles, el análisis patrimonial cobra verdadero sentido, porque es donde existe un riesgo real de corrupción o de conflicto de interés.

La saturación burocrática entorpece la función real del sistema. No se trata de recolectar datos por recolectarlos, es concentrarse en aquellos perfiles con riesgos reales de corrupción o conflicto de interés. Urge una reforma que armonice estas obligaciones y que establezca criterios más racionales. Por ejemplo: limitar la obligación de presentar la “tres de tres” (patrimonial, intereses y fiscal) a quienes ocupan cargos de responsabilidad o manejo de recursos. En ese escenario, con un solo sistema digital robusto, la PDN sí podría cumplir con su cometido.

México tiene la oportunidad —con la PDN y su sistema S1—, el potencial de convertirse en el corazón de un nuevo modelo de gestión pública, basado en legalidad, inteligencia institucional y rendición de cuentas. Pero, para que eso ocurra, se requiere mucho más que normas: se necesita liderazgo, coordinación efectiva y recursos suficientes para que los estados y municipios den el salto tecnológico necesario.

El futuro del sistema no depende solo de una plataforma digital; depende del compromiso real de todas las autoridades para construir una administración pública íntegra, de lo contrario, Declaranet no se transformará… se extinguirá.

PAT

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