El 4 de febrero a iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez se publicaron en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” los decretos 266, 267 y 268 de la LXII Legislatura, los cuales buscan propiciar mejores condiciones a los mexiquenses en materia de seguridad pública, desaparición de personas y extorsión.
Mediante el decreto 266 se reformaron la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Ley de Seguridad del Estado de México y el Código Civil del Estado de México, para fortalecer los procesos de búsqueda de personas desaparecidas con sustento en los Registros Estatal y Nacional y en la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
Mediante el decreto 267 se reformaron la Ley de Seguridad del Estado de México y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, para fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, de acuerdo con la Estrategia Nacional y Estatal de Seguridad y por el que a consecuencia de dicha reforma se abrogaron el Reglamento de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de México, el Reglamento de Escalafón del Personal Operativo de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México y el Reglamento de Homologación de Cromática de los Vehículos de los Cuerpos de Seguridad Pública Preventiva Estatal y Municipal y Uniformes de sus Miembros.
Mediante el decreto 268 se expidió la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados del Estado de México; se reformó el Código Penal del Estado de México, para derogar los procesos jurisdiccionales relacionados con los delitos de extorsión; y se reformó la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para instituir la Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro.
A las disposiciones antes señaladas se suma el decreto 265 por el que, a instancias de la propia gobernadora, del Fiscal General de Justicia y de los titulares del Tribunal Superior de Justicia, de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura y de la Comisión de Derechos Humanos, se reformaron los artículos 5 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para instituir los juzgados especializados en órdenes y medidas de protección. Cabe señalar que en la sesión del Congreso del 11 de febrero se turnó a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia la iniciativa de decreto que remitió el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, por la que se propone reformar el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, para regular el proceso de integración de los tribunales de alzada.
Finalmente, se señala que a iniciativa de la presidenta del Congreso, Diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), el 22 de enero se publicó en la Gaceta del Gobierno el decreto 263, por el que se declaró el 4 de octubre de cada año como el “Día de los Seres Sintientes del Estado de México” y que el 4 de febrero se publicó en dicho medio el decreto 271, por el que se declaró a la técnica artesanal para la elaboración de la bebida tradicional del Tecuí del Municipio de Calimaya como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México.
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