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El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) denunció la persecución judicial contra defensores del agua de la comunidad de San Sebastián Atlatelco, en el municipio de Zumpango, ya que fueron citados ante el Ministerio Público por su participación en una protesta el pasado 20 de febrero.
Señalan persecución judicial contra defensores del agua en Zumpango
De acuerdo con el organismo, integrantes del Comité Autónomo de Agua Potable fueron denunciados por el Ayuntamiento por presuntos delitos como ataques a las vías de comunicación, daños en los bienes y lesiones, en hechos relacionados con la movilización comunitaria en defensa del sistema de agua.
El CDHZL advirtió que estas acciones forman parte de un proceso de criminalización de la protesta social, al utilizar mecanismos legales contra personas que ejercen su derecho a manifestarse y a defender derechos humanos, particularmente en torno al acceso al agua.
Los hechos ocurrieron el pasado 20 de febrero, cuando habitantes de la comunidad se movilizaron para defender su sistema autónomo de agua potable.
El riesgo de la fabricación de delitos
Según el centro, durante esa jornada se documentó la presencia de un grupo de choque que agredió a manifestantes que buscaban diálogo con autoridades municipales.
También se reportó un intento de detención del presidente del comité, quien fue liberado por la propia comunidad.
Además de las denuncias penales, el organismo señaló que ha existido una narrativa institucional que desacredita la protesta social mediante comunicados y publicaciones oficiales, lo que ha contribuido a generar un entorno adverso para las personas defensoras.
El CDHZL recordó que existe una sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México que ordena al Ayuntamiento de Zumpango responder a solicitudes de información del comité comunitario, resolución que, a la fecha, no ha sido cumplida.
Antonio Lara Duque, coordinador del CDHZL, advirtió que este tipo de procesos pueden escalar si no se detienen a tiempo.
“Estamos viendo cómo se recurre al aparato penal para castigar la protesta social. Esto es delicado, porque en los hechos se traduce en la criminalización de personas defensoras. En un país con altos niveles de violencia contra quienes defienden derechos humanos, abrir procesos judiciales por manifestarse puede derivar en la fabricación de delitos o incluso en la existencia de presos de conciencia”, señaló.
Consideró que la persecución judicial no deja de ser una forma de agresión
“No se puede normalizar que la respuesta de la autoridad frente a una demanda social sea la denuncia penal. Son prácticas que remiten a etapas que la sociedad mexicana ha rechazado, donde se utilizaba la represión como forma de control”, agregó.
El defensor subrayó que estas acciones colocan en riesgo la libertad e integridad de quienes participan en la defensa del agua.
“Cuando se judicializa la protesta, se envía un mensaje de intimidación no solo a quienes participan directamente, sino a toda la comunidad. Se inhibe la organización social y se vulnera el derecho a defender derechos”, dijo.
Ante este panorama, el organismo hizo un llamado a autoridades de los tres niveles de gobierno, especialmente al Gobierno del Estado de México, para garantizar el derecho a la protesta, proteger a las personas defensoras, abrir rutas de diálogo con la comunidad y cesar el hostigamiento judicial.
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