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En una operación estratégica contra el robo de agua, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aseguró el pozo conocido como Los Pinos, ubicado en la colonia 2 de Marzo del municipio de Chicoloapan. La acción fue encabezada por la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Fraccionadores y Contra el Medio Ambiente, en coordinación con la Guardia Nacional.
La intervención se derivó de la carpeta de investigación TEX/FFA/FRY/100/6273/25/06, iniciada tras denuncias ciudadanas sobre una extracción ilegal y sistemática de millones de litros diarios. Aunque el pozo contaba con una concesión oficial expedida por la Comisión Nacional del Agua, las investigaciones revelaron una sobreexplotación que rebasaba los límites permitidos, lo cual ponía en jaque a los mantos acuíferos y atentaba contra el derecho humano al agua.
Durante el operativo se colocaron sellos de aseguramiento tanto en el pozo como en las garzas de llenado usadas para despachar pipas que distribuían el líquido de forma clandestina. La medida marca un punto de inflexión frente a una práctica cada vez más extendida y lucrativa.
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En Congreso local respalda actuación de la Fiscalía
La diputada Miriam Silva Mata, presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso local, respaldó de forma plena la actuación de la Fiscalía. Subrayó que defender el agua es una causa compartida entre poderes e instituciones y que combatir el huachicoleo no es solo un asunto ambiental, sino también una urgencia de justicia social.
“El saqueo del agua afecta más a quienes menos tienen”, afirmó Silva, quien también destacó que esta coordinación interinstitucional fortalece la capacidad del Estado para responder con firmeza ante este delito que genera ganancias ilícitas por más de mil millones de pesos al año.
El aseguramiento del pozo en Chicoloapan se suma a una ofensiva creciente. Tan solo en 2025, la Fiscalía ha ejecutado operativos relevantes en Texcoco, Ocoyoacac y Jocotitlán. Entre ellos, destaca la clausura de pozos, tomas clandestinas y una perforadora que, en conjunto, permitieron la recuperación de caudales equivalentes a más de un metro cúbico por segundo.
El Estado de México enfrenta una crisis hídrica estructural: más de 60% del agua se pierde por robo o deterioro de infraestructura, y millones de personas —especialmente en municipios como Ecatepec o Nicolás Romero— dependen de pipas cuyo servicio puede costar hasta 4 mil pesos al mes.
Por eso, cada acción de aseguramiento envía un mensaje firme: el Estado no está dispuesto a tolerar más impunidad en torno a uno de sus recursos más valiosos. La lucha contra el robo de agua ya no es una promesa: es una política pública en curso, con respaldo institucional y visión de largo plazo.
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TAR
