“Diezmos” y otras formas de corrupción política
La reciente multa impuesta por el TEPJF al partido Morena, por el descuento indebido de diez por ciento de su salario a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, ha hecho evidente una práctica común en el medio político mexiquense: el ilegal financiamiento de los partidos políticos para costear sus actividades proselitistas o incluso personales. Este hábito viene desde que el PRI era el partido prácticamente único en México. Desde entonces se arraigó en la vida política nacional.
Con el acceso generalizado al poder del PAN y del PRD, en la década de 1990, estos partidos mantuvieron algunas de esas costumbres ilegales. Lo mismo puede decirse de los otros partidos considerados emergentes o minoritarios, varios de ellos también producto de escisiones priistas, como Movimiento Ciudadano o el Verde, entre otros. Incluso los partidos autodenominados de izquierda adoptaron estas prácticas, por ejemplo, el PT. Varios de los líderes de esos partidos son ahora personas acaudaladas, por estas y otras acciones orientadas al enriquecimiento.
Esta es una costumbre también muy generalizada en el IEEM. Ahí varios de los representantes ante el consejo general piden “diezmos” a los representantes ante las comisiones, que a veces son muy superiores al diez por ciento. Esa misma práctica ha sido usada entre los consejeros generales con derecho a voz y voto, por ejemplo, entre los nombrados para el periodo 2014-2020. Algunos de ellos retuvieron parte del salario de sus colaboradores o de los bonos por proceso electoral, a los que tenían derecho por horas de trabajo extraordinarias.
En el caso de la legislatura del Estado de México la práctica más generalizada no es el diezmo, sino los “cañonazos” de dinero, no de cincuenta mil pesos de la época del presidente Álvaro Obregón, sino de muchos millones de ellos. Así se recibía a los diputados en la época de Arturo Montiel. También se hizo así para dividir a la bancada panista, para aprobar las cuentas de los gobernadores Enrique Peña o Eruviel Villegas, o para intentar la división de la bancada morenista actual.
El problema de los “diezmos” cobrados ilegalmente a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco no es, desgraciadamente, un hecho aislado. Es un problema generalizado en la gran mayoría de los 125 ayuntamientos de la entidad. También lo es el nepotismo y la práctica común de mandar familiares del cuerpo edilicio, para que sean contratados en los ayuntamientos de otros municipios. A su vez, estos ediles envían a sus propios familiares a otros municipios para que sean contratados por sus homólogos. De esa manera se crea un sistema de complicidades e intereses comunes.
Estas prácticas han producido un sin número de líderes políticos enriquecidos gracias a los “diezmos”, “moches” en contratos y en los más diversos cochupos para aumentar ilegalmente sus ingresos. Este hecho ha producido una clase política parasitaria; que vive a expensas del trabajo de los demás y que lucra con las necesidades laborales de la gente, sin que eso le quite el sueño. Este hecho es inadmisible desde cualquier punto de vista ético.
Las autoridades jurisdiccionales ya dijeron la última palabra en el caso de Texcoco, sin embargo, este hecho debe convertirse en punto de arranque para una reflexión colectiva: los gobernantes y representantes populares tienen que vivir para la política y no de la política. La vocación de servicio debe imponerse a la vocación de lucro y a sus ambiciones políticas.
