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Ante el alarmante incremento de extorsiones a negocios, comercios y prestadores de servicios, la diputada panista Joanna Felipe Torres presentó una iniciativa de reforma al artículo 266 del Código Penal del Estado de México que endurece significativamente las penas contra este delito.
La propuesta contempla sanciones de 40 a 70 años de prisión o incluso prisión vitalicia, además de multas que van de 700 a 5,000 días, cuando el extorsionador se ostente como miembro de una organización criminal y condicione el funcionamiento de actividades económicas a pagos en dinero, especie o acciones forzadas.
Diputada propone prisión a extorsionadores
Asimismo, si el beneficio obtenido proviene del erario público, la pena se incrementará de un tercio hasta la mitad más, buscando frenar el uso del aparato estatal como fuente de lucro ilícito.
“La inseguridad que vive nuestro país ha permeado todos los ámbitos de la vida pública. Los grupos criminales han extendido su influencia a los espacios económicos y políticos, afectando directamente el desarrollo y la calidad de vida de la población”, señaló la legisladora.
La diputada advirtió que la criminalidad no solo pone en riesgo la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, sino que también erosiona el clima de inversión, desvía recursos públicos hacia el fortalecimiento policial y debilita la democracia.
Reducción de homicidios podría aumentar el PIB
Según el Banco Mundial, una reducción del 10% en la tasa de homicidios podría aumentar el PIB per cápita anual hasta en un punto porcentual. Estudios coinciden en que la inseguridad genera altos costos de oportunidad, disminuye la inversión privada y deteriora la percepción ciudadana sobre la efectividad del Estado.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del INEGI, en 2023 se registraron 2.9 millones de delitos contra 1.3 millones de negocios en México. La extorsión representó el 15.2% del total, y en el 67% de los casos la víctima entregó lo solicitado, cifra muy superior al 44% reportado en 2021.
La Coparmex reporta que en 2025, el 50.1% de sus negocios afiliados ha sido víctima de algún delito, alcanzando un 57% en el Estado de México, donde la extorsión es el delito más reportado. Además, el 90% de los delitos no se denuncian, lo que agrava la impunidad.
Foco rojo en el Estado de México
Transportistas y comerciantes de municipios como Chalco, Nezahualcóyotl, Ecatepec y Chicoloapan han denunciado que grupos criminales les exigen cuotas de hasta un millón de pesos para dejarlos operar. Incluso se ha detectado participación de cárteles de droga en estos delitos, con presencia en al menos 60 municipios.
La Coparmex señala que el Estado de México, Veracruz y Guanajuato concentran el 60% de las extorsiones en el país. En Naucalpan, Ecatepec y Cuautitlán Izcalli se investigan casos que involucran organizaciones sindicales y agrupaciones laborales.
Actualmente, el Código Penal estatal contempla penas de 8 a 22 años de prisión y multas de 1,000 a 1,500 días. Sin embargo, las agravantes existentes dependen de manifestaciones expresas del extorsionador, lo que permite evadir sanciones más severas.
La iniciativa busca cerrar esa brecha legal y castigar con mayor rigor a quienes, como parte de grupos delictivos, condicionen el funcionamiento de negocios o servicios, afectando directamente la economía local y la seguridad de miles de familias.
“No podemos permitir que la extorsión se normalice como una herramienta de control territorial. Es momento de actuar con firmeza”, concluyó la diputada.
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MPH
