Diputados van por castigos a la usura y préstamos “gota a gota” en Edomex

Este jueves, la comisión legislativa de Procuración y Administración de Justicia discutirá la iniciativa para endurecer las sanciones contra la usura y tipificar con claridad las prácticas de préstamo irregular conocidas como “gota a gota”, modalidad que se ha extendido en los últimos años en zonas urbanas del Estado de México.

Iniciativa busca endurecer las sanciones contra la usura y tipificar las prácticas de préstamo irregular

El diputado local Octavio Martínez Vargas, de Ecatepec y vicepresidente de la comisión, explicó que la propuesta busca precisar la redacción del delito de Usura dentro del Código Penal mexiquense, pues actualmente es ambigua y carece de aplicación efectiva. “Hoy no hay una sola persona en el sistema penitenciario procesada o sentenciada por este delito. La figura existe, pero es inoperante. Por eso proponemos su corrección para frenar una conducta delictiva que ha crecido y diversificado en todo el Estado de México”, señaló.

De aprobarse en comisiones, se pretende que la iniciativa sea presentada ante el Pleno de la Legislatura local durante la próxima sesión del Pleno para su votación definitiva. El objetivo, explicó el legislador, es incorporar una disposición que sancione a toda persona física o moral que preste dinero por encima de la tasa de interés autorizada por el Banco de México, y establecer penas equivalentes a las aplicables por delitos de carácter patrimonial y de extorsión.

El morenista subrayó que el esquema “gota a gota”, por el que las víctimas reciben préstamos pequeños con intereses abusivos que se multiplican cada semana, se ha convertido en una forma de violencia económica y criminal, frecuentemente acompañada de amenazas, despojo y homicidios. “Hemos visto casos donde una deuda de mil pesos termina convertida en 500 mil.

Hay familias despojadas de sus bienes, mujeres golpeadas, negocios arruinados y hasta asesinatos, como el caso del niño Fernandito, de La Paz. Es una práctica que ha crecido como un cáncer en los últimos seis años”, lamentó.

Víctimas reciben préstamos pequeños con intereses abusivos

Martínez Vargas recordó que este tipo de financiamiento informal se consolidó en varios municipios urbanos, especialmente en Ecatepec, donde durante la administración del exalcalde Fernando Vilchis “se fortalecieron estructuras delictivas dedicadas al cobro con violencia, la extorsión y el despojo”. Añadió que las redes que operan bajo el esquema “gota a gota” suelen autodenominarse sindicatos o asociaciones, aunque en realidad “no son organizaciones laborales, sino células de protección integradas incluso por exservidores públicos y policías que actúan bajo impunidad”, acusó.

El morenista puntualizó que la iniciativa busca dotar a las autoridades de herramientas legales para perseguir este tipo de delitos, que actualmente se investigan como fraudes o extorsiones pero no como usura. “Queremos advertir que prestar dinero fuera de los márgenes que establece el Banco de México constituye delito. Con esta reforma se podrán abrir carpetas específicas y judicializar casos concretos”, indicó.

Con esto no sólo se pretende sancionar a los prestamistas violentos, sino también prevenir que más personas caigan en esquemas de endeudamiento ilícito, que generan condiciones para que las instituciones financieras formales ofrezcan microcréditos con tasas reguladas. “La necesidad de la gente por obtener dos mil o cinco mil pesos los lleva a estos préstamos, y termina perdiendo su patrimonio. No podemos permitir que siga ocurriendo”, expresó.

De acuerdo con el legislador, el fenómeno no se limita al Valle de México. También se han detectado operaciones similares en Toluca, Metepec y Zinacantepec, donde grupos dedicados al préstamo informal actúan con apoyo de policías o autoridades locales. “La impunidad y la colusión son parte del problema. Mientras haya tolerancia institucional, estas redes seguirán creciendo”, advirtió.

El diputado adelantó que, tras su análisis en comisiones, el dictamen podría presentarse la próxima semana en el Pleno del Congreso mexiquense, donde espera contar con respaldo de todas las fuerzas políticas. “Esta es una iniciativa de justicia social. No tiene color partidista, sino propósito ciudadano: proteger a las familias del abuso, del miedo y de la extorsión disfrazada de préstamo”, concluyó.

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