Dos amenazas al proceso comicial
Las elecciones están bajo amenaza. Desde el mes pasado, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que hay “focos rojos” en 50 municipios del país. En ese momento no mencionó ninguno de los municipios mexiquenses, pero sí incluyó al Estado de México entre las entidades con incremento delictivo entre diciembre de 2023 y enero del presente año. Además, en días recientes trascendió que aquí hay al menos dos de esos “focos rojos”: Naucalpan y Chimalhuacán. Esta inseguridad en suelo mexiquense es una clara amenaza al proceso comicial.
Pero también es importante el trascendido de que, en promedio, a diario son agredidos dos capacitadores asistentes electorales (CAES) del INE en el Estado de México. Algunos de los delitos a los que ellos se han enfrentado en el inicio del proceso son: asalto en la vía pública, amenazas, robos, agresiones físicas, persecuciones y acoso sexual. A esta lista se suman los incidentes que sufren en el camino a sus lugares de trabajo: asaltos en el transporte público y robo de sus prendas de identificación.
Estos dos hechos debieran ser suficientes para poner en alerta a las autoridades electorales mexiquenses, que se mantienen impasibles ante el problema, especialmente la presidenta del IEEM. Poco después de los trágicos hechos de Texcaltitlán, en diciembre pasado, Amalia Pulido declaró que había paz y seguridad en el estado. La realidad y las cifras oficiales la han desmentido una y otra vez. El Estado de México es una de las entidades más inseguras del país. Varios de sus municipios son verdaderos focos rojos por sus niveles delictivos y de inseguridad ¿Por qué negar la realidad tratando de eludirla?
El problema de la violencia hacia aspirantes y candidatos es algo muy grave en la entidad, pero también son gravísimos los ataques a los CAES y supervisores electorales (SE), quienes realizan tareas de capacitación en medio de agresiones e inseguridad. Este hecho podría generar un sesgo en la capacitación. Los CAES podrían alterar las rutas de capacitación para evitar riesgos físicos. En consecuencia, las zonas más peligrosas dejarían de ser visitadas por ellos, para centrarse solo en las más seguras. De esta manera, de forma indirecta, los delincuentes podrían influir en la integración de las mesas directivas de casilla.
Son muchas las historias de CAES y SE a los que, desde hace mucho tiempo, se les ha impedido hacer su trabajo debidamente. En algunos lugares los extorsionan para entrar a notificar a los ciudadanos que han sido sorteados para ser capacitados, los cuales podrían ser designados funcionarios de mesas directivas de casilla más adelante. Hay numerosos testimonios de CAES y SE que han sido expulsados de ciertos lugares y amenazados para que no regresen, so pena de que si lo hacen enfrentarán consecuencias negativas.
Por esto es fundamental una eficaz coordinación de las autoridades electorales con los gobiernos de todos los niveles. El deber de todos ellos es garantizar la integridad física de los candidatos que visitan las principales plazas públicas del país y del estado, en busca del voto popular. Pero también es fundamental que no descuiden la integridad física de quienes realizan el trabajo electoral a ras de tierra; en contacto diario con las personas que podrían recibir el voto ciudadano el 2 de junio. Es urgente atender la problemática mediante un protocolo de protección a CAES y SE ¿En el INE y en el IEEM ya atenderán este problema?
