Tras la aprobación en comisiones del dictamen que redefine el límite territorial entre Ecatepec de Morelos y Acolman, las presidentas municipales de ambas demarcaciones coincidieron en que la resolución abre paso a una nueva etapa de certeza jurídica y regularización de servicios para miles de habitantes que durante décadas vivieron en la indefinición administrativa.
Acolman y Ecatepec preparan regularización de servicios tras ajuste territorial
El dictamen, avalado por la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Congreso mexiquense, establece que 202.18 hectáreas, donde se ubican la Termoeléctrica, instalaciones de Pemex y calles específicas de Prados San Juan, se integran al territorio de Acolman.
Mientras que 272.82 hectáreas, incluida La Laguna de Chiconautla, el reclusorio y el
Tiradero de Chiconautla, quedan bajo jurisdicción de Ecatepec.
La alcaldesa de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, calificó la resolución como un hecho histórico que fortalece el desarrollo territorial de su municipio.
Señaló que la definición permitirá ordenar la prestación de servicios y dar mayor certidumbre a habitantes de colonias como Guerrero, Pirules y las vialidades reconocidas en Prados San Juan, además de zonas estratégicas de infraestructura energética.
También reconoció el trabajo previo de administraciones pasadas, cuando el alcalde era Rigoberto Cortés y ella síndico municipal, en la defensa jurídica del territorio.
Por su parte, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, destacó que el dictamen devuelve derechos a más de 29 mil habitantes de La Laguna de Chiconautla, quienes por más de 30 años enfrentaron dificultades para exigir servicios básicos ante la falta de claridad sobre su pertenencia municipal.
Trabajo de administraciones pasadas
Subrayó que su gobierno ya realiza acciones en agua potable, alumbrado, obra pública y seguridad, y que con la resolución se podrán acelerar procesos de regularización y obras.
Ambas alcaldesas reconocieron el respaldo del Gobierno del Estado de México y la intervención del Congreso local para resolver un diferendo que generó rezago en infraestructura y servicios.
Coincidieron en que, una vez que el dictamen sea votado por el pleno de la Legislatura, sus administraciones iniciarán formalmente programas de regularización territorial, actualización catastral y fortalecimiento de servicios públicos en las zonas recientemente definidas.
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