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El gobierno federal atacó la estructura criminal del sur del Estado de México mediante la Operación Liberación que permitió detener a ocho personas vinculadas con el grupo criminal La Familia Michoacana, entre ellos empresarios, líderes sindicales y una regidora de Ixtapan de la Sal.
La acción forma parte de una estrategia de combate constante a las organizaciones, que incluye los operativos Enjambre, Atarraya, Fortaleza, Bastión y Restitución.
Operación Liberación cateó 63 inmuebles
Esta red se dedicaba a la extorsión, el acaparamiento de productos y la imposición ilegal de sobreprecios de hasta 400%. El despliegue se ejecutó el pasado 21 de julio, con 2 mil 866 elementos de los tres niveles de gobierno, fuerzas armadas y Guardia Nacional, indicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
En conferencia de prensa, informó que 14 municipios fueron intervenidos de manera simultánea. Se trata de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria.
Ahí catearon 63 establecimientos y se ejecutaron 52 técnicas judiciales con apoyo del Poder Judicial mexiquense. Puntualizó que la investigación la inició la Fiscalía del Estado de México.
Sostuvo que era urgente “proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias en el Estado de México”, y detener estas prácticas que buscaban controlar desde el abasto de alimentos hasta materiales de construcción.
Detenidos tras “Operación Liberación”
El fiscal José Luis Cervantes precisó que los detenidos eran piezas clave en la operación logística y financiera del grupo criminal, y no sicarios.
Entre ellos figuran Eli N, dueño del almacén Jimex; Gonzalo N, líder del sindicato Bradosva. También Alicia N y Jorge N, una dedicada a la contabilidad y el otro, líder maderista. Además de Yareli N, regidora de Ixtapan de la Sal y José Fernando N, dueño de una maderería.
Además, había otros responsables de controlar carnicerías, madererías, rastros ilegales y centros de paquetería en los que se cobraban cuotas para entregar los productos o se los apropiaron.
Las investigaciones, desarrolladas durante seis meses, documentaron prácticas de extorsión que imponían sobreprecios desde 20% en alimentos hasta 400% en materiales para construcción.
Estas personas obligaban a comerciantes a acudir a puntos específicos controlados por los sindicatos Libertad, Bicentenario y Bradosva, o sufrían amenazas y agresiones. El fiscal señaló que los detenidos podrían recibir hasta 80 años de prisión.
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MPH
