La estrategia integral de seguridad impulsada por el Gobierno del Estado de México ha logrado evitar el pago de más de 123 millones de pesos por intentos de extorsión en lo que va del año 2026.
Estrategia contra la extorsión en el Estado de México protege patrimonio por 123 millones de pesos
Durante la sesión número 80 de la Mesa de Paz, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se destacó que este resultado es producto de la coordinación entre autoridades estatales y federales para cerrar el margen de operación a grupos delictivos. Los esfuerzos se han centrado en la protección directa de la tranquilidad y el patrimonio de las familias mexiquenses a través de la reacción inmediata y el uso de inteligencia policial.
Fortalecimiento de la denuncia ciudadana y la Policía Cibernética
La participación activa de la sociedad ha sido fundamental, registrándose un total de 14 mil 864 denuncias por diversas modalidades de extorsión y fraude telefónico en el presente ciclo. La Gobernadora Delfina Gómez enfatizó que el uso de la línea de denuncia anónima 089 y el despliegue de la Policía Cibernética han permitido desarticular redes criminales de forma confidencial. Entre las acciones operativas más relevantes destaca la denominada Operación Desconexión, la cual está diseñada específicamente para neutralizar las células dedicadas a la extorsión digital y telefónica en la entidad.
Modalidades detectadas y prevención del delito patrimonial
Las autoridades de la Secretaría de Seguridad estatal han identificado que los modos de operación más frecuentes incluyen amenazas directas de vigilancia y engaños donde los delincuentes suplantan la identidad de familiares o conocidos. Además de la extorsión electrónica, se mantienen bajo vigilancia constante delitos como la amenaza y la extorsión por derecho de piso. En la Mesa de Paz participan activamente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional, con el firme objetivo de mantener los operativos preventivos y garantizar que los recursos de las y los mexiquenses no lleguen a manos de la delincuencia.
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