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El Gobierno del Estado de México, liderado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM), otorgó certificaciones de cumplimiento a 22 Instituciones de Asistencia Privada (IAP). Este distintivo avala que las organizaciones operan con estricto apego a la ley, garantizando que los apoyos lleguen de manera efectiva a los sectores más vulnerables de la entidad.
Vigilancia integral para el bienestar
La JAPEM, organismo sectorizado a la Secretaría de Bienestar, realiza una labor de supervisión que va más allá de lo administrativo. Un equipo multidisciplinario inspecciona físicamente las instalaciones para verificar aspectos críticos que aseguran la dignidad de los beneficiarios.
Los rubros evaluados incluyen la seguridad y protección civil, la inocuidad alimentaria en albergues, la higiene, la asistencia médica y el cumplimiento de los objetivos legales y contables. Aquellas instituciones que presentan áreas de oportunidad no son excluidas, sino que reciben acompañamiento, capacitación y asesoría técnica hasta lograr los estándares requeridos para su certificación.
Instituciones certificadas y alcance territorial
Las 22 organizaciones reconocidas durante este primer trimestre del año brindan servicios esenciales en educación, salud, atención a la discapacidad y apoyo a adultos mayores. Entre las instituciones certificadas destacan:
ÚNETE, Asociación Mazahua, Cáritas de la Diócesis de Tenancingo, Fundación Inclúyeme, Vida y Familia México (VIFAC), Fundación Vamos a Dar y Manos de Ayuda, entre otras.
La labor de estas IAP impacta directamente en municipios clave como Toluca, Metepec, Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Huixquilucan, Tenancingo y San Felipe del Progreso. Esta presencia territorial asegura que la asistencia social cubra tanto las zonas urbanas de alta densidad como las comunidades rurales y de origen indígena.
Un gobierno que acompaña a la sociedad organizada
El Secretario Ejecutivo de la JAPEM, Sergio López Manjarrez, enfatizó que el proceso de certificación es una herramienta de confianza para la ciudadanía y los donantes. Al constatar que las instituciones cumplen con sus preceptos legales, se fortalece el tejido social y se profesionaliza el tercer sector en el Estado de México.
“La verificación permite constatar que las instituciones cumplen con los preceptos establecidos en la ley y con sus objetivos asistenciales en beneficio de quien más lo necesita”, señaló López Manjarrez.
