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El Congreso local aún tiene pendiente la reforma para considerar el huachicol de agua como delito grave, pues de 37 carpetas de investigación que se tiene hasta el año pasado ninguna se había judicializado.
De acuerdo con estudios presentados en el pleno del legislativo dicha actividad ilícita afecta a más del 40% de familias mexiquenses.
Fue en mayo del 2022 cuando en la entonces 61 Legislatura local se avaló la reforma para tipificar la sustracción ilegal del agua con la imposición de hasta 8 años de cárcel, y 9 años si lo comete una persona servidora pública.
Ley actual
La penalidad, actualmente vigente, se impone a quien, sin autorización, concesión, licencia o permiso expedido por una autoridad competente, sustraiga y se apropie del agua potable de la infraestructura hidráulica, o restrinja su flujo destinado al suministro de las y los usuarios.
Además, a quien distribuya o suministre agua potable, a través de pipa u otro medio, para obtener un beneficio económico sin permiso de la autoridad competente se le impondrán de dos a 6 años de prisión.
Y a quien distribuya agua potable a través de pipa y la extraiga de una fuente de abastecimiento diversa a la autorizada se le impondrán de uno hasta 3 años de prisión.
De igual manera se equiparará con este delito la comercialización, explotación, almacenamiento, transportación o suministro del agua potable sustraída o apropiada, casos que se sancionarán con penas de 1 a 8 años de prisión cuando las cantidades extraídas vayan de 400 litros a más de 5 mil.
Mientras que a la persona propietaria, arrendataria o poseedora de algún predio donde exista una toma clandestina se le aplicarán de dos a cuatro años de prisión.
Plantean reforma a huachicoleo del agua
Pese a lo anterior, la diputada local morenista, Zaira Cedillo Silva, planteó una reforma desde julio para que el huachicoleo del agua sea un delito grave con penas más altas, donde la propuesta va entre 20 y 30 años de prisión.
Aunque, la misma se viene retrasando debido a que su bancada busca el mayor consenso con los otros partidos, pues la penalidad alta es lo que ha atorado la discusión.
Y por ello, el proyecto volverá a ser analizado en comisiones, incluyendo la opinión de las autoridades de seguridad y justicia para que aporten su opinión.
Incluye otras penalidades
En julio cuando se aprobó agravar la imposición de 25 años de prisión para el delito de despojo, la propuesta también consideró aplicar sanciones severas por la sustracción del agua.
La misma prevé castigos con cinco a 10 años de prisión y de 700 a mil días multa, cuando la persona desvíe o utilice aguas, propias o ajenas, en contravención a lo dispuesto por la ley de la materia, o ejerza un derecho real sobre aguas que no le pertenezcan.
Así como cuando realice actos de dominio que afecten o lesionen los derechos legítimos de uso, disfrute o aprovechamiento de aguas por parte de su titular.
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