Edomex pone bajo revisión PPS y APP; advierten rescisión por incumplimiento

advierten rescisión por incumplimiento

Edomex pone bajo revisión PPS y APP; advierten rescisión por incumplimiento

Gobierno mexiquense revisa contratos PPS y APP y amenaza con cancelarlos.

Gerardo García
Diciembre 3, 2025

El gobierno mexiquense advirtió que de existir incumplimiento en los proyectos de PPS y APP en obras de infraestructura vial, contratados en los sexenios priistas por 20 años, aplicarán la rescisión de los contratos, porque, adelantó, que ya no ocuparán este tipo de financiamiento, porque seguirán sin contratar más deuda pública.

Bajo lupa PPS y APP en Edomex; en caso de incumplimiento aplicarán rescisión de contrato

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas (SF) en este año para ambas figuras destinaron un monto de cinco mil 846 millones para el pago de obligaciones contractuales, de los cuales se han ejercido el 48 por ciento.

El titular de la Hacienda Estatal, Óscar Flores Jiménez, confirmó que la actual administración revisa, con sus abogados, la ejecución de las obras bajo estos dos modelos y de ser el caso aplicarán las fianzas y en caso la rescisión de los contratos por incumplimiento.

“Vamos a continuar supervisando la ejecución de estas obras de modo de que si hay algún incumplimiento en la parte contractual vamos de manera irrestrictiva a aplicar las famosas deductivas”, aseveró.

El funcionario mexiquense ratificó que en 2026 no van a contratar nueva deuda, por lo que descartó que vayan a hacer uso de las PPS y APP para la ejecución de obras de infraestructura.

“El firme compromiso que tenemos de no contratar más deuda, ni financiamiento privado para la ejecución de estos tipos de proyectos de obra pública, no vamos a comprometer a las nuevas generaciones”, expresó.

Flores Jiménez recordó que el último proyecto asignado por la administración pasada fue la APP para la rehabilitación y conservación de los caminos del sur en 2019 por un monto cercano a los 16 mil millones de pesos.

Y apuntó que el PPS se implementó en 2007 y 2010, al ser considerado un mecanismo alterno de financiamiento, que permitió ejecutar obras de alto impacto y se permitió, como comprometió el presupuesto público pensando el costo de oportunidad y priorización del gasto y evitar sujetarlo a un tema de endeudamiento público.

Sin embargo, aclaró que dicho diseño financiero no tenía un tema presupuestal ni un marco jurídico que lo regulara.

Aunque, la administración cumplirá esos compromisos contractuales que son durante los próximos 20 años.

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