Edomex: Proponen que la fabricación de pruebas sea considerada delito

La bancada de Morena busca reformar el Código penal para tipificar como delito la fabricación de delitos cometidos por servidores públicos dentro de un proceso judicial con penas de hasta 16 años de cárcel en el Estado de México, además de sanciones administrativas como suspensión, destitución o inhabilitación.

El diputado morenista, Octavio Martínez Vargas, ingresará el proyecto en la sesión del pleno de la 62 Legislatura local de este 24 de septiembre, para que sea turnada a las comisiones respectivas para su estudio y eventual dictaminación.

Proponen tipificar como delito la fabricación de pruebas en el Edomex

La propuesta advierte que actualmente el Código Penal vigente no considera una tipificación autónoma y específica que sancione con claridad la falsificación de pruebas dentro de un proceso penal, por parte de los servidores públicos.

“A fin de sancionar conductas que conllevan la falsificación procesal, y establecer agravantes específicas cuando el delito sea cometido por servidores públicos en funciones dentro del proceso penal”, se resalta.

Por ello, plantea que quien cometa dicha conducta se le impondrán de 3 a 8 años de prisión, así como de 100 a 500 días de multa y la destitución e inhabilitación correspondiente.

Pero si la conducta la realiza un abogado defensor público, se incrementará la pena hasta en una mitad más, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar en materia administrativa.

Finalmente, en caso de que, como resultado de la falsificación, se haya dictado una sentencia condenatoria contra una persona inocente, la pena se duplicará, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que correspondan.

“Esta medida busca disuadir y sancionar una de las formas más graves de corrupción y colapso institucional, y al mismo tiempo proteger los principios de imparcialidad, objetividad y legalidad que deben regir la función jurisdiccional del Estado”, se apunta.

Servidores públicos recurren a estos actos de fabricación

En el proyecto, el legislador Martínez Vargas lamentó que en múltiples ocasiones, agentes del Ministerio Público, peritos, policías de investigación e incluso defensores públicos o jueces han incurrido, por corrupción, abuso de poder o presión institucional, en la introducción, modificación, omisión o fabricación de pruebas.

“En perjuicio de una de las partes del proceso, particularmente del imputado. Estas prácticas no solo distorsionan la verdad procesal, sino que también pueden dar lugar a errores judiciales irreparables, como la condena de personas inocentes”, aclaró.

Con lo anterior, se busca generar condiciones sobre el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad y en armonía.

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MPH