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El Estado de México se ubicó como la tercera entidad del país con más denuncias por aborto durante la actual administración federal, pese a que desde noviembre de 2024 el Congreso local despenalizó la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
De acuerdo con el reporte Abortos en México, elaborado por TResearch con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad mexiquense acumuló 186 registros en el periodo correspondiente al sexenio federal 2024-2030, sólo por debajo de la Ciudad de México, con 289, y Nuevo León, con 259.
En conjunto, esas tres entidades concentran 66% de las mil 104 denuncias reportadas a nivel nacional durante la actual administración federal.
Edomex, tercer lugar nacional en denuncias por aborto
La cifra coloca al Estado de México en una posición relevante dentro de la estadística penal sobre aborto, aun cuando la reforma aprobada por la Legislatura mexiquense estableció que la interrupción voluntaria del embarazo no será sancionada si esta se realiza dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
El reporte precisa que, al medir los registros por cada millón de habitantes, el Estado de México aparece con una tasa de 11 denuncias, por encima del promedio nacional, calculado en nueve. Las tasas más altas en este rubro corresponden a Nuevo León, con 45; Ciudad de México, con 31, y Baja California, con 22. La entidad mexiquense cae al sexto sitio en esta lista.
A nivel nacional, en marzo de 2026 se registraron 86 denuncias por aborto, lo que representó un incremento de 23% frente al mismo mes de 2025, cuando se reportaron 70. Elnaño pasado cerró con 890 denuncias de enero a diciembre, la cifra más alta del periodo 2015-2025, mientras que en el primer trimestre de 2026 se contabilizaron 214 casos.
Pero hay que ser cuidadosos para interpretar estas cifras, porque las estadísticas del Secretariado Ejecutivo no miden cuántas interrupciones del embarazo se practican en el país, sino contabiliza carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto en las fiscalías estatales.
Por ello, especialistas y organizaciones han advertido que la permanencia del aborto en los códigos penales, aun en entidades con despenalización parcial, mantiene márgenes de criminalización y puede inhibir el acceso a servicios de salud reproductiva.
Legislatura aprobó la interrupción voluntaria hasta las 12 semanas de gestación
En el Estado de México, la reforma fue aprobada el 25 de noviembre de 2024, cuando el Congreso local informó entonces que la entidad se convirtió en una de las que despenalizaron el aborto si hacía dentro de plazos definidos, pero mantuvo penas de seis meses a un año de prisión cuando se practique después de los tres meses de gestación, salvo las excepciones establecidas.
El pasado 29 de abril, entró en vigor la nueva Ley de Salud del Estado de México, tras 20 años de rezago, esta nueva normatividad obliga a la Secretaría de Salud estatal a practicar este tipo de procedimientos médicos “en condiciones higiénicas que reduzcan riesgos para la salud y la vida de la mujer o persona gestante”, así como a ofrecer acompañamiento, consejería, atención médica y psicológica a la paciente tras practicarse el aborto en un hospital público de la entidad.
Esta ley empata con la reforma penal publicada en diciembre de 2024, que despenaliza la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
Después de ese plazo, el Código Penal mantiene a la violación, inseminación artificial no consentida, riesgo de muerte o afectación severa a la salud física o mental, alteraciones genéticas o congénitas graves del producto, obstaculización para acceder al procedimiento dentro del plazo legal, o trastorno ginecológico que haya impedido conocer el embarazo, como causales de no punibilidad.
Ahora, el reto de las autoridades estatales es aplicar la nueva normatividad y recursos públicos para hacer realidad lo plasmado en letra.
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