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Ejidatarios de Huehuetoca interpusieron un amparo agrario indirecto como parte de la estrategia jurídica para frenar lo que consideran un intento de despojo de tierras de uso común, en un conflicto que involucra a particulares y autoridades agrarias.
Interponen amparo para evitar despojo en Huehuetoca
La comisión de ejidatarios, conformada en asamblea y encabezada por Juan Velázquez Hernández, informó que el recurso legal quedó registrado bajo el folio 1298704.
La acción se dirige contra actos que atribuyen tanto a la sociedad mercantil Santander como al Tribunal Unitario Agrario con sede en Tlalnepantla de Baz, instancias señaladas en el proceso en disputa.
De acuerdo con los representantes ejidales, el amparo busca salvaguardar los derechos colectivos sobre al menos 65.7 hectáreas, cuya posesión consideran legítima, y dar seguimiento al conflicto legal derivado de una diligencia de deslinde realizada el pasado 26 de marzo.
Ejidatarios de Huehuetoca señalan irregularidades
Los inconformes señalaron que dicha diligencia, ordenada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10 y ejecutada con apoyo de la Procuraduría Agraria en el Estado de México, presentó irregularidades desde su inicio.
Entre ellas, destacaron la ausencia de la parte actora en el sitio y la falta de acreditación legal de quienes acudieron en su representación.
Según lo expuesto por Velázquez Hernández, durante el procedimiento únicamente estuvo presente el abogado de la parte demandante, acompañado de una persona sin personalidad jurídica reconocida.
Los ejidatarios sostienen que esta decisión vulneró sus derechos, al no garantizarse las formalidades legales del proceso.
Inconsistencias en las mediciones
Aunado a ello, denunciaron inconsistencias en las mediciones realizadas, ya que no se limitaron a la superficie en litigio, sino que abarcaron zonas adicionales del ejido.
Indicaron que las mediciones habrían sido realizadas sin apego a las condiciones reales del terreno ni a las coordenadas oficiales derivadas de la dotación agraria, cuyos antecedentes se remontan a 1925 y de lo que aseguran, cuentan con planos certificados y documentación técnica que respalda sus límites territoriales.
Los inconformes indicaron que en el núcleo ejidal, más de mil ejidatarios y alrededor de 300 concesionarios podrían resultar afectados por el litigio.
Exigieron la nulidad de la diligencia y la reposición del procedimiento con base en criterios técnicos y legales.
Advirtieron que mantendrán la defensa jurídica y no descartan nuevas acciones en caso de que las autoridades no emitan una resolución favorable.
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MPH
